Los Centros de reclusión, violan los Derechos Humanos

Si bien es cierto que se trata de una población que ha incurrido o presuntamente ha incurrido en actos violatorios de las normas vigentes, no por esto se deben dejar de brindar las garantías necesarias en cuanto a condiciones de una vida digna que les permita el cumplimiento de sus condenas.

Según lo establece la Ley 65 de 1993, el tratamiento penitenciario busca resocializar a las personas privadas de su libertad por algún delito cometido, razón por la cual este proceso debe ser integral y ser manejado de manera coordinada por las diferentes entidades tanto del Orden Nacional como territorial o Distrital y así garantizarle a la población reclusa los mínimos vitales a los que tienen derecho.

Sin embargo, es preocupante ver cómo en las cifras estadísticas no hay puntos en común. La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia presenta unas cifras muy diferentes a las reportadas por parte de la Personería Distrital frente al número total de sindicados recluidos en cada uno de los Establecimientos de Reclusión en Bogotá.

Lo que evidencia que el Distrito Capital no está brindando un apoyo contundente a los procesos de resocialización del personal interno en las cárceles que se encuentran en nuestra ciudad y menos al manejo conjunto de éstos programas.

Así mismo, en relación a la atención en Salud brindada a la población recluida en los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios en Bogotá y tal y como lo informa la Defensoría del Pueblo se evidencia una grave problemática, pues la atención no es eficaz y se debe generar doble trámite para la atención médica especializada.

Entre las problemáticas señaladas por La Defensoría del Pueblo se encuentra; Hacinamiento, que a su vez provocan la propagación de epidemias y enfermedades altamente contagiosas, deterioro de la infraestructura lo que también genera problema de salud en los reclusos y pésima atención en salud, esta se realiza de manera programada o en caso de una urgencia.

Además, no existe diferenciación para la población sindicada y condenada, sino que por el contrario, los sindicados no gozan de los mismos "beneficios" como por ejemplo trabajo, estudio, salud, entre otros y qué decir de aquellas personas que se encuentran en las Unidades de Reacción Inmediata – URI en donde las quejas y denuncias son constantes por hacinamiento e infraestructuras que no garantizan la prevalencias mínima de la dignidad para quienes allí se encuentran.

Ante estas situaciones ni el INPEC ni el Distrito, han ejecutado acciones necesarias para garantizar una solución. Es muy preocupante ver que la problemática ya se encuentra identificada y sin embargo no se presentan acciones contundentes que permitan un adecuado manejo y tratamiento de la población reclusa y peor aún ver como la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia no realiza una actividad protagónica en la defensa y garantía de los Derechos de los reclusos, sino que por el contrario se escuda en su reciente creación y en la gestión de un Convenio, que inició su operación apenas este 2018 y del cual no se tienen evidencias de sus resultados e impacto.

Por lo anterior, es necesario llamar la atención a la Administración Distrital para que se brinden las garantías necesarias a la población reclusa, que si bien es cierto se encuentran privadas de la libertad por la comisión de algún delito, esto no insta para que no se brinde la atención mínima requerida y de algún modo se contribuya con los procesos de tratamiento y resocialización.