Una leve llovizna cae mientras aún algunos focos del incendio del pasado lunes continúan humeantes. El concejal Jorge Torres recorre entre el barro, la calle que está contigua a la zona donde el pasado lunes 350 personas fueron desalojadas en el barrio Bilbao, localidad de Suba, sitio en el que la policía, apelando a la fuerza, despejó el lugar de una invasión que se asentó seis meses atrás.
La gente afectada que ha permanecido a la intemperie y sin poder recuperar algunos de sus enseres, solicita ayuda real tras esta intervención que si bien deja nuevamente el espacio público habilitado para el uso común, también sumió a cientos de personas en un enorme padecimiento.
La pertinencia de habilitar la zona no deja ninguna duda dado que el jarillón fue construido para mitigar el impacto de una posible inundación que no solo podría llegar a afectar a las personas que se asentaron de manera irregular sino también a los pobladores del mismo barrio que legalmente se encuentra constituido.
Al cabo de estas jornadas, y de manera reflexiva, se pueden advertir siete pecados capitales que dejó el desalojo de un territorio en donde ahora se vive una crítica situación humanitaria.
Dichos siete pecados son los siguientes:
1- Desde hace seis meses se presentaron los asentamientos ilegales en la zona aledaña al jarillón del Río Bogotá, espacio público que no se puede urbanizar ni habitar por el riesgo inminente que existe en caso de una creciente del afluente.
2- La Alcaldía local de Suba no tomó las medidas correspondientes a pesar de la afectación evidente de los jarillones y permitió que dichos asentamientos se propagaran en dos sitios diferentes, el último en enero pasado pese a las alarmas tempranas presentadas por la Personería local.
3- La Administración Distrital y la policía actuaron el pasado lunes sin dar oportunidad a las personas desalojadas para que tuvieran un tiempo de salvaguardar sus pertenencias y electrodomésticos, la mayoría de los cuales fueron consumidos por un incendio.
4- La Secretaría de Gobierno no previó un plan de contingencia previendo que algunas de las familias no tendrían la voluntad de desalojar el lugar no obstante la situación humanitaria que podría presentarse dada la alta vulnerabilidad de las personas que iban a ser desalojadas de los predios.
5- Las ayudas humanitarias tras el desalojo están a disposición pero solo para quienes abandonen la zona. Hay kits de cocina (ollas y utensilios) y kits para la noche (colchoneta, dos cobijas y almohada) pero muchos no tienen para donde irse con población indefensa como niños, adultos mayores y mujeres embarazadas, lo que hace inviable la entrega efectiva de la ayuda humanitaria.
6- Las entidades distritales tampoco tenían un plan de acción para quienes fueron desalojados quedando a su suerte en medio de contingencias climáticas, con la ropa que tenían puesta, sin probar alimento y algunos heridos. Ahora se les ofrece un auxilio de arrendamiento por $500 mil pesos que serían entregados en 20 días, pero valga atender que cualquier arriendo se toma entregando el coste del primer mes al momento de comenzar a habitar el lugar.
7- Indolencia, falta de sensibilidad y de corazón de las autoridades a la hora de hacer el operativo que se cumplió sin mediaciones ni consideraciones, solo apelando a la fuerza.
El concejal Torres se ratificó en sus declaraciones al afirmar que “es desgarrador ver estas escenas de gente sufriendo. El procedimiento de desalojo no fue el adecuado y confirmo que existió indolencia de las autoridades al efectuar la intervención. Aquí hay personas que seguramente son víctimas de urbanizadores ilegales y ahora, tras el desalojo, sufren un doble padecimiento porque lo poco que tenían también lo perdieron”.
Jorge Torres efectúa las gestiones para que los órganos de control y las entidades distritales asistan a las personas afectadas que hoy claman ayudan humanitaria.
Más información:
Gustavo Monje
Oficina de Comunicaciones
Concejal Jorge Torres
Cel: 314 2241660
