Actualmente en Bogotá, hay más de 20.000 personas que se ocupan en esta modalidad a través de plataformas tecnológicas, las cuales han venido en crecimiento, siendo por lejos la aplicación Rappi la más usada y con más personas vinculadas, pero también existen otras como: Uber Eats y domicilios.com y otras que se van posicionando como Ifood, y las demás que van participando en el mercado. De ellos, el 83,6% son hombres y el restante 16,4 % mujeres. Un 50% se ubica entre los 26 a 35 años; un 36,2 % oscila entre los 18 y 25 años.
Este tipo de plataformas, se han convertido en una de las alternativas para gran parte de la fuerza de trabajo de los migrantes y población vulnerable. De los trabajadores de Rappi: un 57 % son venezolanos, mientras que un 41 % son colombianos. Un 45,6 % son de estrato 2; el 38,4 pertenecen al estrato 3; y un 9,1% de estrato 1. En un 59,7 % son cabeza de familia, lo cual los pone en la encrucijada de tener que trabajar para sustentar a sus dependientes. Y con respecto al nivel educativo, en un 53,1 % han realizado la secundaria.
Preocupan aglomeraciones, ocupación indebida del espacio público, bioseguridad y riñas
La queja de los ciudadanos, va más allá del servicio y se refiere a la falta de lugares aptos para la ubicación de bicitenderos, para la espera de los pedidos o para sus descansos. Siendo así frecuentes las imágenes de domiciliarios generando aglomeraciones, sin tapabocas, que dejan los maletines para la comida en el suelo, ubicados por largos períodos de tiempo en andenes o calzadas de zonas residenciales, creando congestión y desorden innecesarios en lugares que no tienen servicios de baño y por ende incluso son usados para este fin. En todo caso, debe observarse que esta espera está ligada a la actividad comercial sin que se cuente con una organización, permisos y contraprestación por el uso del espacio público.
Ante esta situación que ya es cotidiana, es necesario recordar que el 21 de noviembre se sancionó el Acuerdo No. 749 de 2019 que establece lineamientos para promover buenas conductas viales y el uso apropiado del espacio público por parte de los domiciliarios que prestan su labor para las plataformas digitales de domicilios en bicicleta en Bogotá; una normativa que impulsa iniciativas, que favorezcan comportamientos de respeto de quienes se vinculan como domiciliarios de las diferentes aplicaciones digitales, pero además, busca la implementación de zonas especiales, que permitan su organización en el espacio público.
Dentro de este esfuerzo, se destaca que la empresa Rappi creó algunos espacios de descanso para sus bicitenderos con baños y espacio para sus vehículos, pero son absolutamente insuficientes pues solo tienen capacidad para 50 personas en 4 puntos de la ciudad; insignificante, para las miles de personas que tienen vinculadas. Y ahora, en época de pandemia por el COVID -19 y aun cuando varios centros comerciales también han dispuesto de zonas de espera especiales para ellos, se necesita del compromiso de las empresas y aplicaciones en habilitar más lugares, de las autoridades en el control del espacio público y las sanciones del caso, y de los domiciliarios en acogerse a las reglas.
Durante esta temporada, los llamados de la ciudadanía han sido constantes denunciando estos hechos en localidades como Chapinero, Teusaquillo, Usaquén, Kennedy y Fontibón. Como antecedente de incumplir esta disposición ya el 31 de marzo pasado se le impuso comparendo y suspensión de la actividad a una sede comercial ubicada en la calle 71 A No. 14-20 por desconocer los parámetros de bioseguridad en este sentido. Y más reciente el caso de este 23 de julio cuando fueron detenidos 13 bicitenderos luego de registrase una riña entre en el sector de Galerías, donde dos grupos de domiciliarios protagonizaron una riña por territorialidad, apropiándose del espacio público e incluso vandalizando la Clínica Palermo en medio de la discusión que se desencadenó por varias cuadras del sector, causando temor e incertidumbre en la comunidad.
Si ya existe el Acuerdo Distrital que exige proceder a regular por la administración esta actividad y hacerla cumplir por medio de las autoridades de policía, debe exigirse que en toda la ciudad se dispongan por parte de las plataformas que emplean a estas personas, lugares de descanso con baños y condiciones dignas para que desarrollen su labor y que no continúe esta afectación al orden público. Y, si esta organización implica contratos sobre el espacio público atendiendo los principios de la prevalencia del interés general y la debida contraprestación, debe procederse.
Concejal de Bogotá
