Metro elevado el entrampamiento a Bogotá 2016-2023

Durante el debate de control político Metro de Bogotá citado por la bancada Colombia humana UP en el Concejo de Bogotá el día de hoy, la concejala Ana Teresa Bernal, presentó pruebas donde se evidenció cómo el gobierno de Enrique Peñalosa contrato un metro elevado violentando de manera sistemática el ordenamiento jurídico colombiano, la Constitución, la ley 80 y el estatuto de la contratación.

En un primer momento la concejala Ana Teresa Bernal, recordó que en el periodo 2017- 2019, la Contraloría de Bogotá realiza la auditoría 119 al Convenio Interadministrativo 1880 de 2014 firmado entre IDU-FDN donde señala con claridad la fundamentación legal que dio origen al convenio 1880 que son los diseños conceptuales y los diseños básicos de detalle presentando los documentos en que se fundamenta el dictamen y los hallazgos de la contraloría con relación a la modificación del objeto contractual y la superación del 50% de las adiciones presupuestales al convenio 1880 de 2014.

Por otra parte la concejala Bernal, recordó que durante el año 2018, el Senador Gustavo Bolívar solicito los estudios previos del Convenio 1880 de 2014 entre IDU y la FDN, el cual fueron entregados en 9 folios y señalan que culminado los estudios de ingeniería básica avanzada en octubre de 2014 con el apoyo del Banco Mundial y BIC, se hace necesario unir esfuerzo entre el distrito y la nación en pro de la estructuración integral del proyecto metro subterráneo y se define lo que sería el objeto contractual del convenio 1880 de 2014.

En efecto, según el informe de auditoría 119 periodo 2017 – 2019 de la contraloría de Bogotá de manera deliberada y dolosa se modificó el objeto contractual del convenio 1880 de 2014 en 6 ocasiones y se excedió en adiciones presupuestales del 837% cuando la ley ordena que NO se puede exceder el 50% de valor inicial del contrato que era de $7.650 millones pero que adicionaron $64.000 millones para una ejecución de $71.000 millones, un hallazgo administrativo que debió ser también fiscal, por el enorme daño patrimonial causado a las finanzas públicas, hallazgo que debió ser con incidencia disciplinaria y penal afirmó la concejala Bernal.

Lo increíble de toda esta historia, es, que los estudios de la megaobra metro elevado no hicieran parte de los anexos técnico de la licitación, que no hagan parte del contrato de Concesión 163 de 2019, que no son vinculante y por lo tanto no generen ninguna obligación para el contratista concesionario.

Por último, la concejala de Bogotá se refirió al hallazgo administrativo Contraloría de Bogotá Auditoria No 103 de diciembre de 2021 con presunta incidencia disciplinaria por utilizar mecanismos de consulta paralelos a la información contenida en el SECOP II, sin generar vinculo y no formar parte de las fases del proceso de selección GT-LPI-001-2018, trasgrediendo la transparencia, publicidad, legalidad y responsabilidad presentando las siguientes pruebas:

Prueba No. 1: 20 días después del 6 de agosto de 2018 que iniciaran la apertura de la Licitación Internacional del Metro elevado, apareció el Acta de Terminación de la Interventoría del metro elevado sin la aprobación de los productos: Sistema de alimentación eléctrica, Costo de inversión CAPEX, Programa de flujo de inversiones y Estimación costos de operación OPEX. Estos entregables fundamentales para la estructuración financiera de la factibilidad fueron programado para los meses de septiembre y diciembre de 2018. Así consta en el acta de terminación de la interventoría del 26 de agosto de 2018.
Prueba No. 2: El 20 de septiembre de 2018 firmaron un OTROSÍ No.06 al Convenio 1880 de 2014 para adicional 9.000 millones al contrato de estudio de factibilidad del metro elevado No. 02 de 2017 para hacer los estudios de las pruebas de carga de los pilotes.
Prueba No. 3 Sólo hasta el 30 de abril de 2019 se entregaron el informe y resultados de los estudios de prueba de carga de los pilotes, 8 meses después de la apertura de la Licitación Internacional del 6 de agosto 2018. Pero estos estudios carecían de validez jurídica por que no tuvieron interventoría que los validará.
Prueba No 4: El 30 de abril de 2019 la FDN entrego el informe de ejecución de las pruebas a 9 pilotes, en el marco del desarrollo del contrato 02/2017 PLMB entre la FDN y el Consorcio Metro Bog.
Prueba No 5: El 13 de agosto de 2019 firman un contrato de supervisión No. 47 cuyo objeto es la revisión de los estudios de pruebas de carga de los pilotes, un año después de la apertura de la licitación Internacional del 6 de agosto 2018, y sin aún poder hacer los ajustes de los entregables o productos de la factibilidad de 2017

Por lo anterior, para la concejala Ana Tersa Bernal la única salida viable y sensata, es, la alternativa de subterranizar el tramo de Avenida Caracas, que hoy nos propone a los bogotanos el señor Presidente de la República Gustavo Petro. “El riesgo que se desate una crisis respiratoria, una pandemia gripal, una crisis ambiental por el alto nivel de contaminación que genere esta megaobra y que colapse la movilidad de la ciudad no es una advertencia infundada o un falso alarmismo, es una amenaza real que el Presidente Gustavo Petro quiere evitar a toda costa para Bogotá, no es un capricho del Presidente subterranizar el tramo de la Caracas, es, una necesidad sensata y no rivalidad política como pretenden vender con engaños a la ciudadanía”.