La polémica alrededor de la PTAR Salitre cuestiona la articulación que debía y debe existir entre CAR, Acueducto y el contratista CEPS. El estado de la planta ha sido discutido por múltiples actores, pero no estamos en un momento para definir quien tiene más verdades. El objetivo es contar con una planta que cumpla con las condiciones con las que se firmó el contrato 803 de 2016 por más de $1.3 billones. El contrato está a punto de terminar en menos de 52 días situación que preocupa porque se desconoce que decisiones tomará la CAR y CEPS. Aunque, Acueducto no es parte contractual el éxito de la PTAR depende de trabajo en conjunto.
Es momento de ver la recuperación del Río Bogotá desde estrategias de gobernanza que permitan articular intereses y responsabilidades de cada actor involucrado. La recuperación del rio es el logro que los ciudadanos aspiran a ver y ese fue el sentido de la magistrada Nelly Villamizar con la sentencia del Consejo de Estado de 2014. Sin embargo, en materia de infraestructura presenta contratiempos como está ocurriendo con PTAR Salitre, Acueducto ha alertado que la planta tiene 90 equipos que son críticos y el 30% de éstos están fuera de operación. Ante esta situación la pregunta es que acercamientos tiene Acueducto con el consorcio para encontrar soluciones que no se limitan a las vías judiciales que prolongan la incertidumbre. Por ahora la postura de Acueducto ha sido denunciar las fallas que ha encontrado, pero ¿existen acercamientos mesas de trabajo, equipos articulados para encontrar soluciones y asegurar que Bogotá cuente con una PTAR que contribuya al saneamiento del Río Bogotá?
Desde la Procuraduría General de la Nación se impugnó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenaba a la CAR realizar pago a CEPS. Se necesitan claridades saber cómo están trabajando las partes contractuales con la interventoría para garantizar que la inversión de los recursos cumpla con su finalidad
El éxito de la PTAR no va a depender quien demanda a quien. La magistrada está siendo investigada por la Comisión de Disciplina Judicial, la gerente de Acueducto Cristina Arango y la interventoría IVK tiene un proceso en la Fiscalía. Esta situación nuevamente muestra que obras de gran alcance como son las relacionadas con la recuperación del Río Bogotá, necesitan compromiso, articulación y seguimiento.
El director de la CAR, Luis Fernando Sanabria han manifestado que están en proceso de operación asistida y en el reciente pronunciamiento de la entidad manifiestan que se adelanta un proceso sancionatorio por 90 mil dólares diarios por los perjuicios generados al no entregarse el hito 1 con las especificaciones. Además, hay posibilidades de ampliar el plazo en este caso la CAR manifestó que estudiarían las circunstancias para suscribir enmiendas y ante esto es necesario garantizar que no afecta los bolsillos de los bogotanos.
El jueves 4 de agosto la CAR confirmó que llegaron a un acuerdo con CEPS, para ampliar el plazo de PTAR El Salitre. Este proceso implica que un tercer interviniente en este caso la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) presentará un informe sobre los detalles de la obra y las dos partes evaluarán tiempos para terminar la obra en condiciones óptimas. La entidad también informó que en la ejecución del contrato no se ha generado sobrecostos porque es un contrato llave en mano, mediante el cual se paga únicamente lo que se recibe a satisfacción.
La única opción que hay en este embrollo es que Bogotá cuente con esta infraestructura, además esta situación muestra la rigurosidad y compromiso que debe darse entorno a la futura construcción de la PTAR Canoas. La recuperación del Río Bogotá debe ser una realidad.
