La explotación minera en el área urbana de Bogotá iniciada desde los años treinta, con la entrada en operación de una mina de propiedad de Cementos Samper[1] en el valle del Río Tunjuelo para la extracción de agregados pétreos para la construcción, en la actualidad ocupa una extensión de 319.48Ha, titulada en su totalidad.
Desde el inicio de la actividad, se han evidenciado modificaciones del cauce, en su gran mayoría, sin autorización de la autoridad ambiental. El 9 de junio de 2002 el caudal del Río Tunjuelo creció 150 veces, desbordó los sistemas de contención en la zona de explotación minera de Tunjuelito, rompiendo los jarillones que separaban el río de la mina, y tapó hasta tres metros de altura 600 casas de 22 manzanas de los barrios Tunjuelito, San Benito, Abraham Lincoln.
Los estudios técnicos demuestran que de no ser por la intervención inadecuada y antitécnica del Río Tunjuelo, las inundaciones no se hubiesen presentado en las dimensiones acaecidas.
No obstante lo anterior, las empresas Cemex y Holcim, así como la Fundaciíon San Antonio, demandaron al Distrito Capital y mediante una acción de reparación directa, solicitaron el pago de perjuicios causados, estimados en más de 320.000.000.000 (Trescientos veinte mil millones de pesos (cerca de ciento sesenta millones de dólares), toda vez que, según los demandantes, el Plan de Ordenamiento de Bogotá establecía tres acciones para mitigar el riesgo: reconformación y realce de jarillones, modificación y dragado del cauce en algunos sectores y construcción de la presa seca de Cantarrana y de otras obras conexas, y que por dicha omisión, sus pits fueron inundados, evitando una tragedia mayor: allá fueron a parar 25 millones de metros cúbicos del agua el río.
El litigo está bajo juicio en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, confirmado el pasado 30 de Abril por el Concejo de Estado. Tras años de estudios y recopilación de un acerbo probatorio sólido, la Secretaría de Ambiente SAD- de Bogotá D.C., mediante la Resolución 4626 de 2010, impuso una medida preventiva de suspensión de actividades por modificar el lecho del Río Tunjuelo, por la pérdida de su cauce y por la afectación de sus acuíferos y aguas subterráneas, cargos formulados por utilizar el agua y el cauce del Tunjuelo sin la correspondiente concesión o permiso, y por incurrir presuntamente en las conductas que atentaron contra el recurso hídrico.
En el año 2011, la Secretaria Distrital de Ambiente, adelantó el modelo hidrogeológico de Bogotá como acompañamiento técnico al proceso sancionatorio por presunta afectación al acuífero (PMI Tunjuelo), identificando que la recarga potencial promedio para los acuíferos de Bogotá, es de 70 mm/año y según los resultados del estudio se obtiene que para la cuenca del Río Tunjuelo el valor promedio anual es de 6.73 mm, que pone en riesgo la existencia del acuífero. "El acuífero de Tunjuelito pudo iniciarse hace aproximadamente 2 millones de años. Su recuperación sólo se lograría regresando a su lugar los más de 80 millones de metros cúbicos de material pétreo que la actividad minera le ha retirado"[2].
Adicionalmente las excavaciones han variado el equilibrio del terreno. Según la SDA, monitoreos del 2002 demostraron que las actividades llevadas a cabo en el suelo en el Tunjuelo, afectó la estabilidad de los taludes, y a su vez fue la principal causa de la aparición de grietas, y remociones en masa, como la ocurrida en 2009 que dejó el barrio Villa Jackie bajo tierra: las 90 familias fueron evacuadas y sus predios comprados luego de que una gigantesca grieta se abriera en cercanía a la explotación realizada por Cemex.
El sofisma de que la minería es motor del desarrollo, queda en entre dicho cuando se evalúan las cifras de lo que está recibiendo el Distrito por concepto de regalías (Dato del período 1996-2005) $ 1.247.409.275 y lo que gastó en el mismo lapso de tiempo por concepto de atención y prevención de emergencias asociadas a la actividad minera que ascendió a $7.742.654.530.
El Concejal Diego García, hace un llamado de atención a la administración distrital, ya que el territorio bogotano está afectado por conflictos derivados de las múltiples autoridades y sus diversas reglamentaciones, en las que se desdibuja la unidad territorial que requiere ser reglada y se atienden desde las competencias de cada entidad y no como una pieza de territorio completa.
Es urgente replantear la inversión de las regalías a nivel nacional, pues si bien el desarrollo de infraestructura asociado al progreso de las entidades territoriales, no se ve una redistribución equitativa en lo que a ambiente se refiere, ni en el beneficio de la calidad de vida de la población.
[1] Unidad de Planeamiento Minero Energético
2 http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/noticias08.php?id=1358
