El vicepresidente del Concejo de Bogotá, Juan David Quintero, anunció que radicará un Proyecto de Acuerdo para reafirmar que el transporte público masivo de Bogotá es un servicio público esencial y exigir que la ciudad garantice su prestación ante bloqueos violentos, de la manera más oportuna.
Según Quintero, la ciudad no puede continuar permitiendo que falsas protestas violentas afecten la movilidad de más de 4 millones de ciudadanos que diariamente utilizan el transporte público para llegar a sus trabajos, estudios y centros de salud.
“Con este proyecto la administración distrital y las autoridades tienen que actuar inmediatamente para levantar esos bloqueos violentos, judicializar a los responsables y garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos”, sostuvo.
Advirtió que, durante este año se registraron 751 protestas, contingencias y disturbios, más de 300 eventos adicionales en comparación con 2024. Solo hasta el 7 de octubre, 14.5 millones de personas resultaron afectadas por bloqueos que impidieron la operación del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).
Quintero afirmó que “nadie cuestiona el derecho a protestar, pero vandalizar buses y bloquear vías no es un ejercicio democrático, sino una violación a los derechos fundamentales de millones de bogotanos”.
Según el concejal, el transporte público masivo es un servicio público esencial, tal como lo consagra el artículo 365 de la Constitución, la Ley 336 de 1996 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al garantizar derechos fundamentales como la movilidad, el trabajo, la salud y la educación.
Más del 53% de los ciudadanos se movilizó en transporte público masivo y el 71% lo hizo mediante medios sostenibles, lo que reflejó la dependencia de la ciudad de este servicio para su funcionamiento diario.
Quintero recordó que entre 2020 y abril de 2023 los actos vandálicos causaron pérdidas por cerca de 17.000 millones de pesos, mientras que este año se vandalizaron 259 buses, y el sistema dejó de percibir 12.638 millones de pesos por validaciones no realizadas.
“El costo más alto no se mide en dinero, sino en oportunidades perdidas, clases suspendidas y empleos en riesgo”, señaló.
El vicepresidente del Concejo comparó el caso con la huelga de pilotos de Avianca en 2017, cuando la Corte Suprema declaró ilegal la suspensión de operaciones por tratarse de un servicio público esencial.
También mencionó la condena contra Daneidy Rojas Barrera (“Epa Colombia”) en 2019, por vandalizar la estación Molinos de TransMilenio, recordando que el Estado debe actuar con la misma contundencia frente a los “capuchos que bloquean violentamente la ciudad”.
“El diálogo siempre será el primer camino, pero cuando la violencia reemplaza a la palabra y los derechos de millones son pisoteados, la autoridad no puede quedarse inmóvil”, concluyó.
