Como consecuencia de ello, la recomendación es eliminar del proyecto de acuerdo aquellas competencias que se quieren radicar en cabeza de la Secretaría de Gobierno, toda vez que de ellas ya existen algunas que son de competencia del Consejo de Justicia, siendo una autoridad especial.
Se propone especializar y fortalecer la institucionalidad de dicho cuerpo colegiado, con el fin que se siga fortaleciendo aquellas atribuciones otorgadas por el Acuerdo 79 de 2003, así como de las nuevas atribuciones, que se le pretenden otorgar a la Secretaría de Gobierno, con un ejercicio de fortalecimiento de la institución.
En este mismo sentido, la intensión de otorgar competencias a los distintos sectores, sus máximos entes, en el conocimiento de la segunda instancia del proceso abreviado de policía, no necesariamente debe suponer la eliminación del Consejo, pues actualmente existen competencias que no son de su resorte y que se otorgarán a dichas autoridades especiales, como el caso de la Secretaría de Salud, Ambiente, Bomberos, Cultura, Hábitat o IDPYBA, lo que supone que en el Distrito podrían convivir armónicamente aquellas nuevas autoridades especiales de policía, junto con el Consejo de Justicia, que desde hace varios años viene siendo la principal autoridad especial de policía.
En este orden de ideas, un asunto policivo en segunda instancia, por desarrollo urbanístico, con el proyecto debería estar en cabeza de la Secretaría de Planeación, sin embargo, si a 31 de diciembre de 2019 no ha sido resuelto, debe ser conocido por la Secretaría de Gobierno en una nueva dependencia creada para tal efecto, lo que hará que el Sector Gobierno, deba resolver un asunto que sería de competencia del Sector Planeación, según las nuevas competencias. Así bien, ¿Cuál es la necesidad de crear una nueva estructura, al interior de Gobierno, para que lleve asuntos anteriores, que no resueltos; según las nuevas competencias, serían del resorte de otra autoridad especial?; ¿No es mejor, en términos de economía, eficiencia y eficacia de la acción administrativa, permitir que quien ya tiene estructura, competencia, experiencia e idoneidad en estos temas, mantenga el conocimiento de dichos asuntos?, indudablemente, este es un factor que supone un gran nivel de desorden administrativo.
Por otra parte, debe quedar absolutamente claro que la defensa propuesta de organismo conocido como Consejo de Justicia no se basa en la defensa de uno y otro cargo, sino por el contrario, en la defensa de la institucionalidad de una autoridad que ha beneficiado jurídicamente a la ciudad de Bogotá.
Así mismo, resulta curioso que, en el trámite del anteproyecto al interior de la administración, las mismas entidades manifiestan que la iniciativa propuesta si genera impacto fiscal, Si esto es así, ¿Cómo justifica cada una de estas entidades la actual contratación por prestación de servicios?
El concejal Jorge Durán Silva, con base en las diferentes ponencias, apoya el proyecto, por las razones expuestas y en aras que el mismo se direcciona en fortalecer el sistema y agilizar los procedimientos policivos en el distrito capital y así mismo descongestionar los despachos que a la larga, solo beneficiaran a los diferentes usurarios de la capital.
