Así lo indicó la concejal de Bogotá Lucía Bastidas refiriéndose al fallo del Tribunal Superior de Bogotá de acoger las medidas cautelares de una demanda que cursa contra el Plan de Ordenamiento Territorial que decretó la Administración Distrital a finales de diciembre de 2021, a pesar de que la mayoría del Concejo y otros sectores empresariales, sociales y ciudadanos le habían solicitado reevaluarlo y presentarlo de nuevo en 2022 para dar el debate de fondo que merecía.
“Enhorabuena los jueces de la República fallan en justicia por los bogotanos, con esta medida cautelar de suspender el POT de afán de la alcaldesa Claudia López que se decretó a la mala, con errores de forma y de fondo que advertimos a tiempo desde el Concejo de Bogotá. La administración no cumplió con los requerimientos de tiempo ni de participación, afectando el buen vivir de los ciudadanos con una visión de ciudad impuesta”, señaló la cabildante del partido Alianza Verde.
Según Bastidas, la decisión del Tribunal, se convierte en la oportunidad para que finalmente el gobierno Distrital subsane los errores en el Plan que decretó. “Esperemos que las otras demandas que están planteadas, sean tenidas en cuenta y que con esos recursos, finalmente Bogotá tenga el Plan de Ordenamiento Territorial que le beneficie y que complemente el desarrollo que requiere”.
“Más allá del tema de tiempos, hablamos de que los errores en el Plan, no hacen posible su aplicabilidad y perjudican la movilidad, la vivienda y el ambiente. Quedan, por ejemplo, establecidas las 33 UPL sin el concepto ciudadano ni las variables sobre la distribución poblacional, que ignoran la apropiación de los territorios y materializan el riesgo de que barrios con un fuerte tejido social, desaparezcan por la propuesta de mezcla de usos de suelo en sectores en los que no es dable. En movilidad, descarta la ALO Norte, como se planteó inicialmente, perjudicando procesos con la región y a más de 500.000 habitantes de Suba que terminan condenados a interminables embotellamientos. Quedan en el papel cinco líneas de metro, de las que solo una está en obra, y las otras 4, en veremos; como ocurre con la línea 3, que no tiene hasta ahora ningún soporte, o como las líneas 4 y 5 de la Avenida Boyacá, que obligan a que esa sea la única solución, sin un estudio de alternativas en el corto plazo”, sostuvo.
Y puntualizó Bastidas: “Los fallos hay que respetarlos y acatarlos, no puede ser que la alcaldesa, que como congresista y candidata a la Alcaldía demandó con sus aliados todo cuanto pudo en años anteriores a su mandato; el metro, oponiéndose al desarrollo de la ciudad, ahora se indigne y reclame porque en justicia le ordenan suspender un POT que decretó pasando por encima de la voluntad ciudadana. Seguimos a la espera de las decisiones sobre las otras demandas que cursan con estudios técnicos sobre otros temas del POT de afán, para que sea reversado y se pueda debatir de fondo y con los ajustes necesarios”.