Pasa a sanción de la alcaldesa Claudia López, P. A. 770 de 2020, que dignifica el tratamiento de las personas privadas de la libertad.

Aprobado en segundo debate en el Concejo de Bogotá, el Proyecto de acuerdo 770 de 2020 "por medio del cual se adoptan los lineamientos y principios para la formulación de la política pública de tratamiento integral a las personas privadas de la libertad preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad, a cargo del Distrito Capital", presentado por el Concejal Liberal Germán García Maya, y el partido Liberal colombiano.

La iniciativa del Concejal García, está fundamentada en la Ley 65 de 1993, por medio de la cual se expide el código Penitenciario y Carcelario, establece en su artículo 17, que es competencia de los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y al Distrito Capital de Santafé de Bogotá, velar por el sostenimiento, la vigilancia y administración de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que implique la privación de la libertad. 

Los lineamientos fueron aprobados en segundo debate en plenaria de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno del Cabildo Distrital, donde todas las bancadas presentes en el Concejo de Bogotá, apoyaron la iniciativa,  tras evidenciar la gravedad de las denuncias hechas por el Concejal García.

La iniciativa “no es popular, pero sí muy necesaria para la ciudad”, así lo señaló Germán García, encontrando eco en esta Corporación.  Según cifras de la regional Central del INPEC, los tres establecimientos de reclusión de Bogotá albergan 6.238 personas sindicadas y presentan problemas de hacinamiento iguales o superiores al 60% cada uno. En total, en los tres ERON, cohabitan 16.509 hombres y mujeres entre sindicados y condenados, cuando su capacidad real corresponde a 10.341 personas, lo que lleva consecuentemente a tratos indignos e inhumanos que deben ser atendidos por el conjunto de Instituciones del Distrito Capital.