Por esta razón, Torres propuso al Concejo de Bogotá y a la Secretaría de Gobierno un nuevo manejo de las sanciones de menor valor, señalando que “en las oportunidades donde se imponen multas tipo 1 de $ 100.000 y tipo 2 por $200.000, aproximadamente, se debería sustituir por acciones de pedagogía ciudadana”.
Y es que incluso este valor puede disminuir en un 50% si las personas cancelan dentro de los 5 días siguientes. Es decir, las multas terminan costando $ 50.000 y $100.000, respectivamente.
“Este dinero para muchos infractores no está vinculado al cambio real de su comportamiento; y no deja reflexiones importantes que siembren un interés genuino por comprender y cumplir el código”, aseguró el concejal.
El cobro de multas, además, genera un desgaste innecesario en la administración, pues recaudar $ 100.000 o $ 200.000 por vía de cobro coactivo le cuesta más al Distrito de lo que efectivamente puede recolectar. Torres añade también que “el fin de la administración distrital no es usar el cobro de multas como un sistema más de financiación para aumentar sus arcas, sino persuadir a los ciudadanos sobre el respeto de las normas para garantizar una mejor convivencia”.
Es así como el cabildante propuso la sustitución del cobro de las multas tipo 1 y 2 acorde con la Ley 1801 de 2016. En este sentido, la administración reglamentaría la imposición de las medidas correctivas cambiando sanciones económicas por actividades pedagógicas en esos casos específicos.
Finalmente, Torres agregó que “se debe optar por mejorar los procesos que lleven al ciudadano a pensar dos veces si realmente quiere incurrir en uno de los comportamientos contemplados con multas, y un ejemplo exitoso de lo que proponemos es la campaña de la policía de Transmilenio que puso a los evasores a limpiar portales y estaciones”.
El proyecto continuará su discusión el próximo jueves 25 de octubre e iniciará la votación de sus artículos.
