Desde el 2010 el Instituto Nacional de Salud lleva el registro de lesiones por causa de la manipulación de pólvora, sin embargo, las cifras no han variado significativamente, dado que cada año, en promedio, resultan lesionados 500 adultos y 300 niños en todo el país. La directora de esa entidad considera que el problema es cultural, pues es una costumbre arraigada en las poblaciones pese a que conocen el riesgo, particularmente en las fiestas decembrinas[1].

Durante el 2019 en Colombia se presentaron un total de 832 casos de lesionados por pólvora (308 menores de 18 años y 524 adultos), mientras que en el 2020 fueron 826 casos (274 menores de 18 años y 552 adultos); esto significa que en el país se tuvo una leve disminución del 0,7%. La manipulación de pólvora sigue siendo en el 69% de los casos la actividad causante de las lesiones y en un 21% el ser observador[2].

Sin embargo, en los distintos departamentos el comportamiento fue variable. Por ejemplo, en Bogotá, en la temporada de fin de año del 2019-2020 se incrementaron en un 108% las lesiones por pólvora, con respecto al 2018-2019, pasando de 24 casos en 2018-2019 (16 adultos y 8 menores de edad) a 50 casos en 2019-2020 (36 adultos y 14 menores de edad). En el 2019, los días en los que se reportaron más casos fueron el 7 y el 25 de diciembre, siendo la localidad de Ciudad Bolívar una de las más afectadas[3].

Mediante Decreto 360 de 2018 se creó la Comisión Intersectorial para la Prevención y Monitoreo del uso de Pólvora en Bogotá D.C., como una instancia de articulación y coordinación en lo que tiene que ver con las acciones de inspección, vigilancia y control al uso, manipulación, almacenamiento, distribución, transporte, comercialización y permisos de funcionamiento de establecimientos de comercio dedicados a la venta de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales y pólvora.

Instamos a la Administración a que, desde las distintas entidades en conjunto con la Policía Metropolitana de Bogotá, se intensifique la vigilancia, así como los operativos para controlar la fabricación, distribución y uso de estos artefactos -e incautarlos de ser necesario-, y que se ejecuten campañas para la prevención de lesiones por la inadecuada manipulación de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales y pólvora.

Desde ya se requiere la presencia constante de la Secretaría de Gobierno actuando con las alcaldías locales en los territorios para promover las campañas de prevención y la ejecución de operativos de inspección, vigilancia y control desde la competencia de cada una de las entidades. Celebro que la alcaldía de Bogotá tomara la decisión de, en vez de invertir los recursos en pirotecnia, reactivar el sector cultural como IDARTES y el IDRD para que hagan presencia en las localidades con presentaciones artísticas.

Pese a las prohibiciones, uno de los problemas es la fabricación, pues, al 2013 eran cerca de 25 mil familias que vivían de ese negocio en el país, y es un oficio que se hereda al interior de las familias. Es probable que se siga fabricando de forma artesanal y que se tenga una baja percepción del riesgo al momento de elaborar dichos artefactos. Además de ello, en épocas de navidad y fin de año se requiere personal adicional, que aprende las labores en poco tiempo y más adelante deciden desarrollar nuevas unidades de trabajo con un mayor riesgo, dado que el tiempo de aprendizaje ha sido mínimo. Otro hecho a resaltar es que la pólvora se produce todo el año, de acuerdo con informes, pero es revendida al doble o triple de su valor a final de año, sin ningún control. La actividad de producción, así como la de almacenamiento y transporte también representan un riesgo para quienes se dedican a ello.

El Estado y la sociedad en general enfrentan serios retos en cuanto a las medidas necesarias para evitar que se sigan presentando casos de lesiones por pólvora, que en muchos casos dejan dramáticas secuelas para toda la vida. Si bien las medidas hasta ahora implementadas han tenido algún efecto en la disminución del porcentaje de lesionados, esa disminución no es sostenida en el tiempo, y se necesita una discusión amplia donde se aborden las distintas dimensiones del fenómeno, lo que incluye la industria polvorera otorgándole a estos trabajadores alternativas.

Aunque parece que los bogotanos se han autorregulado en su comportamiento frente al uso de pólvora, en muchos sectores de la población es una costumbre difícil de cambiar[4]. En el periodo 2010 a 2018 la localidad con mayor número de casos fue Ciudad Bolívar (72 casos), seguida por Bosa (49 casos), Kennedy (45 casos) y Rafael Uribe (40) casos[5].

En el contexto actual de la pandemia, el uso de la pólvora promueve el contagio de COVID-19, pues los afectados deben acudir al hospital, trátese de una UCI o no. En este momento Bogotá cuenta con 2215 camas UCI de las cuales 1611 son para COVID-19; la ocupación está en 67,7% al 2 de diciembre de 2020. Por ello, el hecho de que en este mes lleguen a presentarse casos de lesionados por pólvora, implica una mayor ocupación de las camas UCI, lo que repercute no sólo en el sistema sanitario, sino también en lo económico y social si éste es desbordado y se deben realizar nuevas medidas restrictivas como la cuarentena.

Concejal Armando Gutiérrez González
Partido Liberal