La polémica e incertidumbre que se ha generado por el Relleno Sanitario de Doña Juana muestra que las decisiones no pueden ser apresuradas, sin verdades a medias ni buscando culpables como fue el tono que mantuvo la alcaldesa en la Comisión V del Senado. Bogotá no está para perder $1,2 billones.
Los dos laudos arbitrales sobre la operación del Relleno Sanitario Doña Juana (RSDJ) que han agudizado la situación vienen desde 2018 y 2019. El primero salió a favor del Distrito el 27 de septiembre de 2018 en éste que obligan al operador a presentar diseños para optimizar el sistema de tratamiento de lixiviados del RSDJ, asumiendo los costos DE ESTAS actividades y también ordenó pagarle una multa por $2.172 millones a la Uaesp. Entonces a que se refiere la alcaldesa cuando manifiesta que la anterior administración no defendió los derechos de los bogotanos. Hay que ser realista y las dificultades de la ejecución de ese contrato vienen desde 2010 año en el que se firma contrato.
No es un secreto que la empresa ha sido sancionada, en 2020 la Superintendencia de Servicios Públicos la sancionó CGR por $5.581 millones debido al incumplimiento del cumplimiento del Plan de Emergencia y Contingencia. La UAESP en 2017 le impuso una multa de $110 millones por un mal manejo en los procesos de coberturas y control de insectos y otra multa por $153 millones por el estado indebido de las vías del relleno.
El segundo proceso arbitral se da por iniciativa de CGR el 19 de noviembre de 2019 que busca que el pago de la tarifa del tratamiento de lixiviados y de disposición final sea retroactivo por un monto de $1,2 billones. La administración de Enrique Peñalosa cumplió con lo establecido en la Ley 1563 de 2012 para el nombramiento de los árbitros y finalmente el gobierno entrante de la alcaldesa Claudia López tiene el deber de defender los intereses de Bogotá.
La complejidad de esta situación cada vez se agudiza entre el tira y afloje de las partes involucradas. Es momento de replantear el camino buscar los mayores beneficios para los ciudadanos la alcaldesa fue consciente de esto ante el pleito que se dio desde 2019 entre Grupo de Energía de Bogotá y Enel se buscaron consensos para recibir los dividendos que no había entregado Enel demás optaron por fusionarse. Esta misma postura debe buscarse con el operador y evitar que ciudad pierda 1.2 billones y plantear estrategias para reducir el porcentaje de residuos enterrados
La relación entre UAESP y CGR no tiene articulación es un tema que debe analizarse desde las implicaciones sociales y ambientales que tiene el enterramiento de residuos, hay que dar el giro hacia nuevas alternativas, informado sus implicaciones, dado que las tecnologías no son excluyentes sino complementarias.
El objetivo es hacer de Bogotá una ciudad sostenible y esto implica que la jerarquía de gestión de residuos se materialice en la ciudad, es decir reducir la generación de residuos y priorizar el aprovechamiento. En este punto la planeación del territorio incide y en esto también hay contrariedades el operador presentó ante el Tribunal de Cundinamarca un memorando de desacato porque el artículo 192 del Plan de Ordenamiento Territorial vulnera el POMCA Río Bogotá dado que la delimitación presentada por el Distrito permite que la gestión de residuos se realice en la ZMPA del rio Tunjuelo, además es incierta la capacidad del RSDJ lo que pueden generar caos sanitario en Bogotá el polígono licenciado tiene capacidad hasta el I trimestre de 2025 y el polígono de intereses hasta de 6.5 años, en resumen no se garantiza capacidad para 12 años.
La veeduría alertó de los impactos que tiene fututa decisión del laudo arbitral el incremento de tarifas y la prolongación de la concesión por 10 o 15 años más, “generando mayor incertidumbre sobre el futuro de la disposición de basuras para Bogotá y los municipios que se benefician del Relleno Sanitario Doña Juana, pasando, además, por encima de los estudios que señalan que la vida útil del relleno está llegando a su fin”
Estos vacíos e inconformidades alimentan la difícil relación entre CGR y el Distrito. Las soluciones no están a la vuelta de la esquina, es necesario mesas de trabajo y ambas partes deben ceder y pensar primero en Bogotá.
