Polémicos contratos de alcaldías locales en plena pandemia

Resulta alarmante que en medio de la pandemia que vivimos, el presupuesto local que debería destinarse a subsanar las necesidades prioritarias propias de la emergencia en favor de los ciudadanos, se oriente a actividades que nada tienen que ver con la reactivación, la superación de la pobreza, la empleabilidad o el desarrollo de las localidades.

Para 2020, los Fondos de Desarrollo Local (FDL) contaban con un presupuesto de gastos de $1,88 billones. Esta asignación se distribuye entre Gastos de Funcionamiento, con un presupuesto de $65.261 millones, Disponibilidad Final con $251 millones e Inversión con un monto de $1,82 billones. De los recursos asignados, solo a corte del 30 de septiembre de 2020 (pues la información no está actualizada en la plataforma has se comprometieron el 81,9%, es decir, $1,54 billones, de los cuales, el 57,8% correspondió a “obligaciones por pagar” de vigencias anteriores.

Revisando la vigencia 2020, se detectaron una serie de alertas en millonarios contratos suscritos en por lo menos seis localidades, como son: Kennedy, Puente Aranda, Usme, Ciudad Bolívar, Suba y Fontibón. Hallazgos que se describen a continuación:

Contratos para deporte y cultura con parques y escenarios cerrados

La Alcaldía local de Kennedy suscribió 33 contratos durante 2020 por valor de $ 38.113.323.989 en donde la mayoría de contratos (304) fueron bajo la modalidad de contratación directa. Llama la atención en este caso que se suscribiera para el mes de diciembre el contrato FDLK-LP-5-2020 por 960.000.000 millones de pesos con la UNIÓN TEMPORAL G3 – Jugando en serio, por un periodo de 9 meses, con el propósito de realizar eventos artísticos, culturales deportivos y escuelas de formación cultural, artística y deportivas en la localidad, esto, cuando el IDRD ha establecido continuas y estrictas restricciones a este tipo de procesos y cuando se observa la nula participación del sector Cultura en la nueva normalidad de la ciudad.

Pero aún más allá, preocupa que el monto y tiempo para dicho contrato se hayan fijado de manera improvisada cuando aún es incierto lo que va a suceder con las medidas para evitar contagios que incluyen cuarentenas continuas y el permanente cierre de parques zonales y metropolitanos y otros escenarios deportivos, además de la permanencia de la prohibición a las actividades físicas o las culturales que generan aglomeración de personas.

Otro claro ejemplo de los afanes administrativos por comprometer recursos en lo que sea, es lo que sucede con la Alcaldía local de Fontibón, donde se suscribieron durante 2020, 218 convenios, por valor total de $9.594.065.576, de esos 20 por contratación directa. Pero sorprende el proceso FDLF-CD-220 - 2020 del mes diciembre por $633.997.610 dentro de un convenio interadministrativo con la Secretaría de Cultura, para la promoción y fortalecimiento de iniciativas de interés cultural y artístico, y es que, al igual que el anterior, no se entiende cómo, si se restringieron este tipo de actividades y se cierran espacios para su realización, esté avanzando un cobro injustificado por algo que no se está llevando a cabo por las prohibiciones propias de la pandemia.

El mismo preocupante escenario se detectó en la Alcaldía local de Ciudad Bolívar, que durante 2020 suscribió 438 contratos por valor de $26.592.917.467, y de esos, 353 bajo contratación directa, pero que dentro de dichos convenios adelantó el FDLCB-PSAMC-006-2020 por $299.717.799 por 4 meses y el FDLCB-PSAMC-003-2020 por $373.407.211, para el desarrollo de eventos deportivos y para el circuito artístico y cultural navideño respectivamente, a sabiendas que la ciudad se encontraba incrementando sus contagios y con las ya mencionadas restricciones en la actividad física al aire libre.

Si bien, es un deber local impulsar la actividad física para la salud mental, la planeación debe ser prioridad y no generar detrimento patrimonial. Como consecuencia, en este caso, se perdió un mes de este contrato y pareciera no haber conexión con la realidad de la ciudad.  

Millonaria contratación para festividades navideñas en cuarentena

Similar es el caso de la Alcaldía Local de Puente Aranda que suscribió 315 contratos, 276 por contratación directa, todos por un monto de $16.636.095.282. Aquí la alerta surge por el contrato ALPA-SAMC-024-2020 adelantado en noviembre con la corporación Colectivo Digera TI que hace parte de 15 uniones temporales, por $224.965.351 para desarrollar actividades logísticas de las festividades navideñas en la localidad. Es inaudito que en la temporada en que más se tenía que propiciar el autocuidado y la prevención, se gastaran estos recursos en programar actividades que generarían aglomeraciones y que como se pudo evidenciar luego tuvieron que suspenderse por la velocidad de contagios que se comenzaron a generar en diciembre.

Nuevamente, aparece la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, esta vez con el contrato FDLCB-PSAMC-004-2020 por $119.840.464 para el diseño, montaje y operación del alumbrado navideño de las sedes de la Alcaldía Local y de la Junta Administradora Local. ¿Es realmente el propósito de la ‘Bogotá Cuidadora’ en sus localidades destinar semejante cantidad a embellecer las fachadas de su sede local, mientras la gente espera la llegada de un mercado o un apoyo para subsistir en la pandemia?, ¿En realidad era una prioridad? ¿Es lo que se entiende por austeridad en el gasto?

Más de 111 millones para una celebración comunal

La Alcaldía local de Usme suscribió 378 contratos en esa vigencia, 369 por contratación directa, y todos por valor de $8.709.163.375, sin embargo, en plena época de emergencia y cuando se avizoraba un segundo pico, de manera irresponsable, se destinaron $111.840.000, para contratar con la CORPORACION DE SERVICIOS COLOMBIA CORSERVICOL ONG, servicios logísticos en la provisión de elementos necesarios para la celebración del Día del Comunal en noviembre, por medio del proceso SAMC-026-FDLU-2020. Al respecto, queda la duda sobre cuál cree la alcaldesa de esa localidad que era la agenda de ciudad para ese momento, cuando lo que conocemos es que las ayudas a las veredas de la ruralidad no están llegando y tan solo dos semanas después de la celebración, se presentaba una emergencia climática en la zona por el desbordamiento del río Curubital que se llevó media carretera, que a la fecha sigue sin repararse porque para subsanar esa prioridad no hay recursos.

Lo que reflejan este tipo de contrataciones es la evidente desconexión de la denominada ‘Bogotá Cuidadora’ con la realidad social de la ciudad y las necesidades de los habitantes de las localidades. Ante este preocupante escenario y las alertas detectadas sobre estos millonarios contratos firmados durante la emergencia derivada del Covid-19, hago un urgente llamado a los diferentes organismos de control para que adelanten las investigaciones, adopten las medidas e impongan las sanciones a que haya lugar contra los responsables.

Lucía Bastidas Ubaté
Concejal de Bogotá

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