- Administración reporta reducción de la pobreza monetaria y expansión de comedores comunitarios y transferencias Ingreso Mínimo Garantizado.
- Debate destacó necesidad de vincular estrategias de nutrición, educación y productividad para enfrentar la pobreza de forma estructural.
En la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá, realizada este 2 de agosto, continuó el debate de control político sobre dos aspectos centrales de la política social del Distrito: las transferencias monetarias frente a los bonos para mercado, y los avances y retos en seguridad alimentaria. El debate fue citado por las bancadas de los partidos Nuevo Liberalismo y En Marcha.
Panorama de la inseguridad alimentaria
La sesión inició con la intervención de Lina María Sánchez Romero, subsecretaria de Gestión Institucional encargada de la Secretaría de Integración Social. Según expuso, durante 2023 el 4,8 por ciento de la población de Bogotá (cerca de 375 mil personas) enfrentaba inseguridad alimentaria severa, mientras que el 22,8 por ciento (aproximadamente 1,8 millones) presentaba niveles moderados o graves.
Frente a este panorama, la Administración se fijó metas a 2027: reducir la inseguridad alimentaria severa al 2,2 por ciento y el gasto de los hogares pobres al 57,13 por ciento.
Cobertura y acciones en marcha
Para alcanzar estos objetivos, explicó la funcionaria, se está implementando la estrategia Bogotá sin Hambre 2.0, que permitió abrir tres nuevos comedores comunitarios en 2024, con 800 cupos en Ciudad Bolívar, Kennedy y Puente Aranda. En total, ya operan 117 comedores con 34.150 cupos.
Asimismo, 1.194.251 personas se beneficiaron a través del programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). En el primer semestre de 2025, la cobertura aumentó a 134 comedores y 38.550 cupos, con 1.430.504 personas atendidas por IMG.
Sánchez Romero también explicó que la nueva política social del Distrito se basa en cinco ejes: decisiones informadas por evidencia, articulación público-privada, intercambio de información actualizado, complementariedad de servicios sociales y operativos para reducir la invisibilidad estadística. Los tres pilares que orientan la estrategia son equidad, eficiencia y posibilidad de elección frente a los canales de atención.
Tipos de transferencias y programas articulados
La Subsecretaria detalló que en 2023 las transferencias eran principalmente no condicionadas, mientras que en 2024 y 2025 se implementan también transferencias condicionadas (como el programa Jóvenes con Oportunidades o apoyos a víctimas étnicas). Estas se complementan con las no condicionadas dirigidas a adultos mayores, personas con discapacidad y hogares en pobreza extrema o pagadiarios.
Adicionalmente, mencionó alianzas con otras entidades como la Secretaría del Hábitat y TransMilenio, a través de iniciativas como Tu ingreso, tu casa o Pasajes gratis.
Respecto a los bonos canjeables por alimentos, señaló que benefician a 4.300 personas con discapacidad, 460 hogares étnicos y 216 menores en zonas rurales.
Al finalizar su intervención, destacó que entre 2023 y 2024 la pobreza monetaria en Bogotá disminuyó en 4,6 puntos porcentuales, lo que representa la salida de 352.000 personas de esta condición. También indicó que la inseguridad alimentaria cayó en 2 puntos porcentuales, beneficiando a 148.000 personas. “Pasamos de una de cada cuatro personas con inseguridad alimentaria, a una de cada siete en 2024”, concluyó.
Intervenciones de los concejales
La concejal Quena Ribadeneira (Polo Democrático) expresó su preocupación por lo que denominó como un “desmonte paulatino” de los servicios sociales. Señaló que solo el 6 por ciento de la población —alrededor de 132.000 personas— tiene condiciones adecuadas de calidad de vida, mientras que 1,37 millones permanecen en situación de pobreza extrema y multidimensional. Solicitó mayor claridad en los cruces de datos entre beneficiarios y población pobre, así como cifras desagregadas.
El concejal Emel Rojas (Nueva Fuerza Democrática) valoró el enfoque de visibilización que ha tenido la Administración, pero subrayó la necesidad de complementar las ayudas con mecanismos de movilidad social. También propuso articular los programas sociales con capacitaciones productivas y mejorar la interoperabilidad de datos con el Gobierno Nacional.
El secretario de Salud, Gerson Bermont, intervino para explicar que la nutrición debe abordarse desde una perspectiva integral, relacionada con factores sociales como educación, ambiente y acceso a servicios. Destacó la creación de la Comisión Intersectorial de Determinantes Sociales en Salud, enfocada en la articulación de acciones contra el hambre y la malnutrición. También advirtió sobre el aumento de casos de obesidad, pese a los avances en desnutrición infantil y en personas mayores.
Balance y cierre
Durante el cierre del debate, los citantes realizaron un balance del ejercicio de control político. El concejal David Saavedra (En Marcha) resaltó que Bogotá aportó el 28 por ciento de la reducción nacional de la pobreza monetaria en 2025, según datos del DANE. Subrayó además la necesidad de reforzar la focalización, la articulación interinstitucional y el enfoque técnico de las políticas sociales.
Por su parte, la concejal Cristina Calderón (Nuevo Liberalismo) destacó que Bogotá ha superado el promedio nacional en reducción de pobreza. Defendió la eficacia de las transferencias monetarias directas y subrayó que llegar sin intermediarios a los hogares permite un impacto real. Añadió que se priorizó a los más necesitados, como los 52.000 hogares en pobreza extrema que empezaron a recibir apoyo, al tiempo que se ampliaron los recursos para personas mayores y población con discapacidad.
Agotado el orden del día, se dio por terminada la sesión, la cual puede observar en nuestro canal de YouTube a través del siguiente enlace: https://acortar.link/D858kO
