“El Acuerdo 7 de 1987 ( Estatuto de Valorización de Bogotá) está vigente y por lo tanto, previo a la radicación de esta iniciativa, la administración distrital tenía que cumplir el procedimiento, en lo concerniente a la participación ciudadana, de lo contrario , se podría incurrir en una posible ilegalidad por vicios de procedimiento” así lo advirtió esta tarde el Concejal Roger Carrillo Campo del Partido Conservador, durante su exposición ante el cabildo, argumentando su ponencia negativa al proyecto de Acuerdo presentado por la administración.
El cabildante demostró que el Estatuto de Valorización, ha sufrido modificaciones a través de cuatro acuerdos (El 16 de 1990, 24 de 1992, 25 de 1995 y el acuerdo 8 del 2000) y en ninguno de ellos, derogó o modificó el capítulo de participación ciudadana (Artículos 15 al 18), tampoco ha sido derogado por ley posterior, lo que significa que es de obligatorio cumplimiento.
El concejal mostró su preocupación por la afectación que sufrirá la clase media que posee 157.912 predios y que es la que ha soportado continuamente cobros y aumentos tarifarios “El estrato 4 representa el 52% de los contribuyentes, serán 157.912 familias que verán afectadas sus finanzas, por cuenta de este posible cobro que aunado a la reciente simplificación tributaria, los convierte en el más impactado de manera negativa”
Carrillo Campo resaltó la situación económica que pasa actualmente el país y por tanto la capacidad de pago de los pequeños comerciantes y MYPIMES que representan el 54 % del total de la contribución con $743.685 millones, se ha reducido “Son 11.786 predios que no son de uso residencial cuyos propietarios están afectados por la crisis de la economía y esta situación no fue tomada en cuenta, no podemos perjudicarlos más” agregó
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