Con el fin de escuchar la presentación previa del Proyecto de Acuerdo No. 463 de 2022 “Por medio del cual se autoriza a la Caja de Vivienda Popular la implementación de acciones afirmativas en favor de la población vulnerable, para garantizar el goce del derecho fundamental a la vivienda en condiciones dignas en aplicación al principio de igualdad material, se otorgan unos incentivos a beneficiarios de créditos y se dictan otras disposiciones” y en cumplimiento del artículo 69 del Reglamento del Concejo de Bogotá D.C., fue citada la Comisión Segunda de Hacienda y Crédito Público del Concejo de Bogotá.
La Administración Distrital, a través de Nadya Milena Rangel, Secretaria Distrital de Hábitat y líder del Sector, expresó que parte de la premura de presentar este Proyecto es que se tiene 521 procesos en cobro judicial, de los cuales el 50% ya tiene fallo, y esto permitiría tener una acción afirmativa que garantiza por igualdad del derecho a vivienda, teniendo en cuenta que los hogares de asentamiento se les permita entregar un valor único y se está homologando este derecho.
Seguidamente, el Director General de la Caja de Vivienda Popular, Juan Carlos López López, aclaró que el título del Proyecto son acciones afirmativas para el beneficio de la población vulnerable que hacen parte del grueso de deudores, y se da en uso de las facultades que se le atribuyen al Concejo por competencia directa, según lo establece la Ley.
Por su parte, la Concejala María Victoria Vargas indicó que este Proyecto es fundamentalmente una iniciativa que va más allá de los acuerdos de pago y se dirigió al Director de dicha institución preguntándole ¿Cuáles fueron las razones por las cuales de esos 685 beneficiarios del actual Proyecto de Acuerdo, no aplicaron antes a los beneficios otorgados en años anteriores y, que garantiza que ahora sí aplicarían a dichos beneficios? Pues considera, la Cabildante Vargas, que con este tipo de medidas de alguna manera se estaría incentivando la cultura del no pago.
Seguidamente el Concejal Emel Rojas, mencionó que se requiere de mayor información y lo importante sería concretar lo que se va a aprobar, pues si hay una obligación que se extinguió, en este caso ¿el Concejo que iría a aprobar? Ya que no se ve la competencia clara de la Corporación.
Igualmente, la Concejala Ana Teresa Bernal manifestó que es la primera vez que se toma una medida concreta a favor de las personas más necesitadas en Bogotá, considerando que este Proyecto es beneficioso para los más pobres, especialmente para mitigar lo dejado por la pandemia. En el mismo sentido, su colega, Lucia Bastidas exclamó que, nadie desconoce las características sociales del Proyecto, pero solicitó que se informe jurídica y concretamente bajo que normas está autorizado el Concejo de Bogotá, para hacer este tipo de condonaciones, distintas al tema tributario.
Con respecto a los 685 deudores mencionados en el Proyecto, que se habían acogido con anterioridad a algunas amnistías, el Concejal Fabian Puentes del Partido MIRA, expresó que le gustaría saber -a nivel porcentual- datos de cuántos ya fueron beneficiarios de otros proceso de alivios financieros.
Asimismo, el Cabildante Manuel Sarmiento, en su participación comentó que este es un Proyecto conveniente, pues existen antecedentes de programas de condonación de los años 90´s y preguntó ¿Por qué ese tratamiento diferencial entre los deudores que vienen de programas de Reasentamientos/Reubicados y los otros deudores que no están en esos programas y ustedes denominan vulnerables, si debería ser igualitario?
El Concejal Julián Rodríguez Sastoque sostuvo que, ya se han tenido reuniones alrededor de este Proyecto, pero ¿Qué ha planteado la Caja para los deudores sin capacidad de pago, y que alternativas existen para manejo de los cobros judiciales? Entre tanto, la Concejala Heidy Sánchez planteó si las diferencias corresponden a algunas justificaciones y cuánto llevaría crear la reglamentación de dichas exenciones.
Al Concejal Samuel Arrieta, del Partido Cambio Radical, sobre este Proyecto de Acuerdo, le preocupa la forma de hacerlo y exactamente si el Concejo de Bogotá tiene la competencia para autorizar el llamado «animus donandi» es decir, la condonación de una deuda en el desarrollo de las normas que hoy rigen el estado Colombiano.
Del mismo modo y enunciando que el contenido es bien intencionado, especialmente para esta población, el Concejal Marco Acosta, dijo que la misma Secretaría de Hacienda respondió sobre unos parámetros que se deberían tener en cuenta; teniendo cuidado muy puntual, respecto a no causar daño al patrimonio público y no acudirse a la condonación de manera reiterada, porque pudiese darse una cultura de no pago.
Para el Concejal César García al parecer hay error en concepto de la Secretaria de Hacienda, ya que habla de “condonación de intereses moratorios en trámites referente a la adquisición de vivienda” y en articulado del Proyecto de Acuerdo presentado por la Caja de Vivienda Popular dice “extinguir una obligación a cargo de deudores de programas de asentamiento”.
Considerando, la Concejala Gloria Diaz, que es una iniciativa loable pues habla de una acción afirmativa, aun así, es necesario resolver las dudas sobre lo sucedido con los 521 deudores que se encuentran cobro judicial; el significado que 67 de ellos estén en proceso de depuración (qué implica y qué alcance tiene) y sobre 56 que son clasificados por otros conceptos.
“Se debe conceder un tiempo mayor para la elaboración de la Ponencia ya que hay interrogantes por resolver, y no se cuenta con la suficiente información, se debe evitar la extralimitación de competencias” enfatizó el Concejal Germán García.
En su orden, los Concejales Álvaro Argote y Celio Nieves, ambos del Partido Polo Democrático Alternativo argumentaron, el primero de ellos, que sólo el numeral 3o. del Artículo 12 del Decreto 1421 es el que da una mediana ruta, pero ese artículo pero no habla para nada de qué hacer con los créditos que alguna entidad del Distrito haya hecho para particulares y, el Concejal Nieves, afirmando que la Corporación sí ha aprobado acuerdos de autorización de alivios otorgados por la Caja de Vivienda entre los años 2005-2015 y esas decisiones que se habían vuelto actos administrativos.
Nuevamente participó la Concejala María Victoria Vargas, recalcando que esta es hasta ahora la presentación de la Administración y la conveniencia no está en discusión pero, respecto a la legalidad, se debe entrar a mirar con base en qué atribuciones la Alcaldía ha presentado este Proyecto de Acuerdo, refiriéndose al Artículo 1º del Estatuto Orgánico de la Ciudad”.
Insistiendo en que el Proyecto es altruista, pero se debe tener cuidado con las facultades del Concejo, sin propiciar la cultura del no pago, el Concejal Pedro Julián López, intervino; y posteriormente su colega Carlos Carrillo, cuestionó: ¿Por qué no hacen ustedes directamente la negociación? No quedándole del todo claro la presentación de este Proyecto y solicitó a la Administración una explicación más concreta de cuál es la necesidad del mismo.
En el desarrollo de la Sesión, participó a la comunidad a través de la ciudadana Nelsy Ramos, Representante de “Comuneros La Palma” reubicados hace 25 años en la localidad de Suba y quienes se encuentran actualmente con la incertidumbre de ser desalojados.
En la parte final de la sesión y, respondiendo la serie de inquietudes planteadas por los Concejales, intervino nuevamente el Director General de la Caja de Vivienda, aclarando que esa entidad depuró una cartera de 11.000 deudores a 685 con la ayuda de la Corporación y se comprometió con su equipo a brindar respuestas junto con la Oficina Jurídica de la Alcaldía Mayor.
Agotado el orden del día, el Presidente de la Comisión dio por terminada la Sesión.
Concejo de Bogotá D.C.
