- En 2024 apenas el 7,9 % de los ciudadanos votó en presupuestos participativos, pese a millonarias campañas de promoción.
- Las localidades gestionan iniciativas que no generan bienestar ni responden a las necesidades reales de sus comunidades.
- Contratos con almuerzos a $70.000, clases de yoga por $20 millones y gadgets de un solo uso pagados con dinero público.
Pese a que los presupuestos participativos fueron concebidos como un mecanismo para que la ciudadanía definiera hasta el 50 % del presupuesto de inversión local, en la práctica se han convertido en un sistema ineficiente, poco representativo y en un contratadero que promueve. La concejal Sandra Forero advirtió que la participación nunca ha superado el 12 % y en 2024 cayó a un preocupante 7,9 %.
“Estamos hablando de un sistema donde votan pocos, pero pagan todos. La participación ciudadana es un derecho y debería ser una herramienta poderosa para mejorar la vida en barrios y localidades. Sin embargo, los presupuestos participativos se han convertido en una maquinaria de contratos sin impacto real. Eso es una estafa a la confianza ciudadana y una burla al esfuerzo de los contribuyentes que sí esperan ver resultados”, enfatizó la cabildante.
Proyectos irrelevantes
A lo anterior se suma la proliferación de proyectos irrelevantes y carentes de sentido real, que en nada contribuyen al bienestar de las comunidades. Aunque este mecanismo compromete el 50 % del presupuesto de inversión local, gran parte de esos recursos termina en iniciativas recreativas o simbólicas sin impacto tangible. Según Forero, mientras se financian estas actividades, las necesidades urgentes de seguridad, empleo y servicios de calidad siguen sin respuesta, lo que demuestra una profunda desconexión entre lo que vota una minoría y lo que realmente requiere la mayoría de ciudadanos.
Despilfarro y sobrecostos
Los casos revisados por la concejal muestran que los presupuestos participativos se han convertido en un cheque en blanco para las alcaldías locales, con contratos que rayan en el absurdo y que evidencian presuntos sobrecostos. Ejemplos sobran: almuerzos a $70.000, chaquetas a $200.000, bolsas “ancestrales” de un millón de pesos, spa y yoga por más de $40 millones, y gadgets tecnológicos comprados para un solo uso.
Lo grave es que mientras estas cifras se repiten en localidades de toda la ciudad, las verdaderas prioridades —seguridad, empleo, servicios básicos— siguen sin atención. Así, un mecanismo que debería democratizar la inversión se está utilizando para inflar contratos y repetir a los mismos contratistas, sin dejar beneficios reales para la comunidad
Exigencia de control
En el debate de este martes, la concejal Forero exigirá a la Administración:
1. Explicar los criterios que permiten contratos con evidentes sobrecostos.
2. Garantizar que la inversión llegue realmente a las comunidades.
3. Restituir el rol de las Juntas Administradoras Locales en la definición del presupuesto local, como ordena la Constitución.
“No se trata de cambiar por cambiar, sino de corregir lo que no funciona y fortalecer lo que sí le sirve a la gente. Los presupuestos participativos son una herramienta valiosa: gracias a ellos se han priorizado vías, mejorado la malla vial, recuperado parques y promovido conciencia ambiental. Todo eso es positivo. Pero no podemos permitir que al mismo tiempo se dilapiden recursos en contratos innecesarios o se manipulen para favorecer a unos pocos. Ese es el cambio que Bogotá necesita”, concluyó Forero.
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