¿Qué estamos haciendo por nuestras mujeres?

Las cifras que se presentan son alarmantes, según el Instituto de Medicina Legal, para el caso específico de Bogotá,  las parejas sentimentales en gran parte de los casos resultan ser el agresor. En 2016, se presentaron  8.138 casos de agresiones contra las mujeres por parte de sus parejas sentimentales, lo cual representa un incremento del 15% respecto al año anterior. De acuerdo con la misma entidad, las localidades en las cuales denuncian más casos de agresión son La Candelaria (470), Ciudad Bolívar (406), San Cristóbal (382), Los Mártires (375) y Santa Fe (371).

No siendo suficiente lo anterior, los ataques sexuales siguen a la orden del día. Las mujeres son violentadas día a día, siendo especialmente visibles los casos de las mujeres más vulnerables. De acuerdo a cifras de Bogotá Cómo Vamos, entre enero y septiembre de 2016 se denunciaron 2.734 casos de ataques sexuales contra mujeres (8% menos casos que el año pasado). Según estas cifras, Kennedy es la localidad con mayor número de denuncias con un total de 351, seguido de Bosa con 302 y Suba con 238.

Ahora bien, el rango de mujeres más agredidas, según Medicina Legal, está entre los 20 y 29 años con 2.138 casos presentados, seguido de 30 a 39 años con un total de 1.347 casos denunciados.

Otro escenario que pone en  peligro a la mujer es su propio núcleo familiar. La violencia intrafamiliar sigue presentando cifras preocupantes. De conformidad con datos publicados por Medicina Legal, hasta septiembre de 2016 se presentaron 11.235 casos de violencia intrafamiliar.

Es preocupante ver cómo durante el 2015 aumentaron considerablemente las solicitudes de medidas de protección por parte de las mujeres. Mientras en 2013 se recepcionaron 433 solicitudes, en 2014 la cifra se dobló a 898 y en 2015 la cifra se disparó a 2097, solamente en la localidad de Usme. Así mismo, de 20.099 solicitudes de medida de protección recepcionadas en la Estación de San Cristóbal,  18.000 corresponden a mujeres.

Sin embargo, sigue siendo más preocupante que en el caso de la ruralidad la denuncia no es una alternativa para las mujeres. Según datos de la comisaría de Familia de Sumapaz, hay aproximadamente 100 denuncias sin resolverse. Los casos más frecuentes de violencia contra las mujeres  son la violencia sicológica y la violencia física; las mujeres  son víctimas frecuentes de la violencia económica, es decir que no son administradoras de sus propios recursos; así mismo,  las mujeres son víctimas de amenazas  de muerte donde ni siquiera se hace indagación sobre los hechos.

Poniendo un ejemplo, la vereda San José, que corresponde al corregimiento de San Juan, ubicado en la UPR Río Sumapaz – siendo aún Bogotá- , está a cerca de cinco horas de camino por carretera destapada partiendo del casco urbano de Usme. Si una mujer es violentada, debe acudir a la corregiduría, que le queda a 3 horas aproximadamente, de allí, el corregidor debe venir hasta Bogotá urbana porque no se le puede instalar el aplicativo Sí Actúa a su computador allá. Mientras eso pasa, el caso no se resuelve y el agresor queda impune.

La URI más cercana es la de Tunjuelito, en el barrio Molinos. La Casa de Justicia más cercana es en Usme y consideremos además que Sumapaz no cuenta con transporte público, lo que significa que la mujer víctima debe esperar a que pase el bus de línea. Y todavía más grave, en la región no hay conectividad permanente a telefonía móvil y mucho menos a internet, entonces ¿Qué le ofrecemos  a estas mujeres?

Lo más grave de los casos de Sumapaz es que aun cuando la mujer decidiera solicitar una medida de protección, nunca se hace efectiva, pues la fiscalía nunca llega y no hay fuerza de policía. Probablemente este es el caso de todas las mujeres campesinas de Bogotá, que aunque golpeadas por la violencia, parecieran estar olvidadas

Para la administración distrital, en consideración a  las metas del Plan de Desarrollo Distrital, debe ser una prioridad atender a todas las mujeres en igualdad de condiciones. La seguridad y la protección no puede depender de la clase social o de los medios tecnológicos que posea la mujer para interponer una denuncia.

Se necesitan decisiones efectivas que logren disminuir la violencia, no más mujeres violentadas y no más mujeres olvidadas.