Aunque este proyecto forma parte de las compensaciones que la EAB-ESP debió hacer luego de la construcción del Embalse San Rafael, no había sido prioritario para ninguno de los anteriores alcaldes de Bogotá, pues lleva detenido cerca de 26 años.
Solamente llamó la atención de Peñalosa quien ve allí una nueva oportunidad para llenar los ecosistemas de cemento, como se trata de una intervención que requiere la construcción de múltiples equipamientos para atender la llegada de un gran número de turistas como alamedas, ciclorrutas, plazas, malecones, miradores, restaurantes, cafeterías y parqueaderos, entre otros, no podría ser ajena a sus intereses destructores en una zona que se caracteriza por su potencial ecológico y paisajístico. La importancia de este Embalse radica en su capacidad de almacenamiento del agua originaria del Sistema Chingaza y del río Teusacá, que es tratada en la Planta Wiesner, por lo que se constituye en una de las fuentes hídricas que abastecen de agua potable a la capital, ante la construcción del parque se generaría un gran número de tensionantes ambientales que lo pondrían en riesgo.
Lo que más llama la atención de este proyecto de Parque Regional es la construcción de un cable aéreo que contará con cuatro estaciones que parten desde la carrera séptima con calle 119 hasta el Embalse, atravesando la Reserva Forestal Protectora “Bosque Oriental de Bogotá” sobre la cual tendrá impactos negativos, desconociendo que se trata de un área protegida y que para introducir cambios en ella también se requiere la modificación de su Plan de Manejo Ambiental. Pero esto no es lo más grave, resulta irrisorio que Peñalosa priorice un cable “turístico” y a cambio suspenda la ejecución del Cable Aéreo de San Cristóbal que cuenta con estudios de detalle y con una asignación presupuestal de 169 mil millones de pesos. Cable que transportaría en promedio a 2.700 pasajeros por hora y beneficiaría a miles de familias ubicadas en uno de los sectores más vulnerables de la ciudad.