La magnitud de la pandemia ha implicado retos para la política pública en todas sus esferas, incluyendo el manejo fiscal. Se ha incrementado el gasto público para fortalecer el sistema de salud, así como para amortiguar el impacto del confinamiento en los hogares más vulnerables y las empresas más afectadas en términos de liquidez. Paralelamente, los ingresos han mermado por el efecto de la disminución de la actividad económica en los recaudos tributarios[1].
El primer paso para la financiación de la ciudad fue la aprobación, por parte del Concejo de Bogotá, del cupo de endeudamiento más grande de la historia por 10,79 billones de pesos. La Contraloría reveló que, al cierre del primer trimestre de 2021, la ciudad contaba con un presupuesto general de $41,1 billones y había comprometido recursos por $13 billones, equivalentes al 31,6% asignado del total.
Los sectores con mayor asignación en el presupuesto tuvieron unos niveles de ejecución relativamente bajos: movilidad (34,3%); salud (39,5%), hacienda (20,4%); hábitat (40,8%) y educación (24%)[2]. "Si miramos la ejecución presupuestal acumulada del Plan de Desarrollo, es baja en la mayoría de programas y metas. Este es un campanazo de alerta para que el cupo de endeudamiento, con el cual se depositó nuestra confianza en la Administración, cumpla el logro de la reapertura económica y social" aseguró el concejal Gutiérrez.
La Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), aunque tiene un rubro menor al interior del cupo, con $201.268 millones para el cuatrienio 2020-2024, aporta a uno de los propósitos fundamentales de la Administración: la reactivación económica. "Se necesita que estos recursos se ejecuten atendiendo las verdaderas necesidades de los bogotanos. Al momento de aprobar este cupo, se nos dijo que por cada billón de pesos de inversión en obras públicas, se crearían 13.000 empleos directos e indirectos" puntualizó.
Recordó que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) representan en promedio el 80% del empleo de la ciudad, y generan el doble de empleo que las grandes corporaciones. Pero el proceder histórico de la SDE no ha sido el más acertado. Aunque ve con buenos ojos que haya una dimensión de fortalecimiento del crecimiento empresarial, no se han comprometido recursos para atender dichas iniciativas.
Se están invirtiendo grandes sumas de dinero en el rescate de grandes empresas, que no representan ni el 30% del aparato productivo de Bogotá. Tampoco representan una salida considerable al problema de desempleo que generó la pandemia. "Si queremos una verdadera reactivación económica, se necesita invertir mucho más en las microempresas. Pero la mayoría de los recursos fueron destinados para las medianas empresas (46.9%), seguido de las microempresas (33.3%), y las pequeñas (19.7%)".[3]
Concluyó afirmando que "aunque hubo unos retrasos importantes en los programas y proyectos, no podemos echarle toda la culpa a la pandemia de la baja ejecución presupuestal, y es allí donde pedimos a las entidades aclarar cuál ha sido la dificultad. No basta con pedir y obtener recursos, sino la ejecución activa de los mismos. En la práctica, la baja ejecución se traduce en un aplazamiento en la satisfacción de necesidades básicas y resolución a problemáticas de la ciudadanía".
"¿Cuáles han sido, entonces, los beneficios obtenidos de haber aprobado el cupo de endeudamiento, en lo atinente a empleo y reactivación económica?

Concejal Armando Gutiérrez González
Partido Liberal