Muy a pesar que la Constitución Nacional en su artículo 64 establece que la producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado; en el municipio de Campoalegre (Huila), cerca de 62 toneladas de diferentes semillas fueron destruidas en un botadero de basura por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, amparado en la Resolución 970 de 2010, con el presunto fin de ejercer la normatividad vigente en aspectos fitosanitarios y en el marco de dar cumplimiento a los compromisos firmados en el Tratado de libre Comercio suscrito entre Colombia y Estados Unidos.
Para entender ese proceder por parte de una entidad del Estado Colombiano que ha de ser garante de la seguridad y soberanía alimentaria nacional, el Concejal de la Bancada Progresista, Borys Montesdeoca Anaya, considera de suma gravedad ésta situación, insta a los organismos competentes a investigar a los responsables, así como afirma que es necesario el debate correspondiente de control político en el Congreso de la República.
Los Estados en nombre del modelo político de una economía global en la que se privilegia la integración comercial, no pueden negociar sus patrimonios agrícolas y sus dietas alimentarias que han permitido la pervivencia de las culturas urbanas y rurales por siglos mediante la firma de Tratados de Libre Comercio que facilitan la penetración y monopolio de multinacionales productoras de semillas y alimentos transgénicos que afectan las prácticas vitales y productivas de los pequeños agricultores de Colombia, y cuya pobreza extrema rural para 2013, según el DANE, alcanza el 46.8%.
Urge que el Congreso de la República legisle sobre esta materia para desarrollar los principios constitucionales garantes de la actividad agropecuaria que sustenta la seguridad y soberanía alimentaria del país y cuyo soporte ha estado y puede seguir en cabeza de sus cuidadores y productores ancestrales, denominados ahora como campesinos, proclives a ser objeto de violencia, inequidad e injusticia social.
Ante el abandono del campo dada la ausencia de políticas públicas y ante la aplicación de los TLC con Estados Unidos, Canadá y Europa entre otros, su problemática se ha profundizado, propiciando un paro nacional agrario, el cual finalizó en un acuerdo muy importante pero que no blinda a la producción agrícola nacional en el entendido de hacer realidad la garantía de la soberanía alimentaria para las/os colombianas/os, de allí que es posible que nuevamente veamos al sector agrícola en nuevos paros en el año 2014, ante el avance de la aplicación de los TLC firmados por el Gobierno Nacional.
En consecuencia los desarrollos de la ciencia y la tecnología han de orientarse en favor del progreso social y económico de las culturas Colombianas, y que el ICA argumente que el control sobre las semillas lo ha ejercido desde 1976 y que sus procederes se rigen bajo esa tendencia, evidencia que requerimos nuevas políticas públicas que apoyen la producción agrícola nacional y muestren que la aplicación de los avances científicos y tecnológicos efectivamente se utilizan para reducir el hambre y la desnutrición de muchos connacionales.
Las semillas nativas, ancestrales, regionales, son patrimonio agrícola Colombiano y desde nuevas políticas deben ser protegidas de legislaciones internacionales o tratados de libre comercio que pretenden limitar sus usos, consumos, y comercialización, mucho más cuando a su vez los TLC firmados por el país trasladan – ceden - su propiedad intelectual o sus futuras patentes sobre su uso a multinacionales productoras de alimentos.
BORYS MONTESDEOCA ANAYA
Concejal de Bogotá - Bancada Progresista
