Este jueves 9 septiembre y en conmemoración a las víctimas del abuso y la violencia policial, se radicará en el Congreso de la República una nueva reforma a la policía construida a muchas manos a manera de wikiley y que cuenta con el respaldo de casi 70 mil firmas recogidas digitalmente y en talleres en territorio.
Líderes, lideresas, organizaciones de derechos humanos, sobrevivientes, familiares de víctimas, pero sobre todo jóvenes y estudiantes se han tomado las calles para discutir a fondo propuestas para tener una policía para paz, que mejoren la legitimidad institucional, fortalezcan la confianza y mejoren las condiciones de los miembros de la Policía Nacional.
El fenómeno de abuso y violencia policial extendido en el mundo se ha convertido en una constante en Colombia, sobre todo en el marco de las movilizaciones y protestas ciudadanas y en particular contra jóvenes de sectores populares y estudiantiles.
Cifras de organizaciones de derechos humanos indican que durante los tres meses de movilizaciones de este año, el país registró 87 homicidios, 28 de los cuales son presuntamente atribuibles a la fuerza pública. Casi dos mil personas (1905) han sido heridas por las acciones del Escuadrón Móvil Antidisturbios (88 casos de lesiones oculares y 115 personas heridas por armas de fuego). (Campaña Defender la Libertad, 28 de abril al 21 de julio de 2021).
Las agresiones contra defensores de derechos humanos y la prensa van en aumento: 325 defensores agredidos. Así como las denuncias de abuso de autoridad (1603) y las detenciones arbitrarias (3365). Hay reportes de 10 personas que siguen desaparecidas en Bogotá.
Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en sólo dos meses del paro nacional (mayo – junio) se documentaron 260 casos y un total de 299 víctimas de agresiones contra la prensa. En el 58% (152) de los casos, el agresor fue identificado como un integrante de la fuerza pública (Comunicado FLIP, julio 1 de 2021).
“Esta reforma ciudadana tiene como ejes fundamentales garantizar una policía para la paz, una policía digna y que dignifique a través de la educación, la profesionalización y la promoción democrática de sus miembros. Buscamos fortalecer la transparencia institucional, que la policía sea cercana a la gente y sus comunidades, que garantice la vida e integridad de las personas y que quienes cometan errores sean juzgados por la justicia ordinaria, pedimos que se desmonte el ESMAD”, anota el concejal de Bogotá, Diego Cancino, uno de sus impulsores.
De acuerdo con la ciudadanía en Bogotá, la principal acción para mejorar la seguridad en la ciudad es acabar con la corrupción en la Policía, que pasó del 29 al 43% y mejorar el servicio de policía que el 70% de encuestados considera malo. (Cámara de Comercio de Bogotá, Encuesta de Percepción y Victimización de Bogotá 2020, febrero 2021). Datos presentados por Invamer desde noviembre del 2020 dan cuenta que la imagen desfavorable de la Policía superó la imagen favorable que tienen los ciudadanos de la institución, y de acuerdo al último sondeo de agosto (2021), la imagen desfavorable alcanzó el máximo de 55,3%, es decir, que más de la mitad de los encuestados mantiene una imagen desfavorable de la institución que se supone debe cuidarlos.
Carolina Ordoñez del colectivo Rosa Negra y vocera de las víctimas del incendio del CAI de Soacha, aseguró que: “La reforma ciudadana a la policía que hemos acompañado es muy importante, tenemos que construir un nuevo pacto con una policía más democrática y solidaria. Desde mi voz como víctima como madre, queremos un cambio hacia una institución garante de la vida, de los derechos humanos, una policía tolerante, empática y al servicio de la comunidad. Las víctimas queremos justicia, verdad y garantías de no repetición. Tenemos que entender que todos somos hijos y hermanos de un mismo país”.
El evento de radicación contará con la presencia de sobrevivientes y víctimas de la violencia policial y congresistas de distintas bancadas que apoyarán la iniciativa.
