Duván protestaba en el terminalito (Cali), cuando llegaron policías en moto, sin mediar palabras dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar. Duván corrió, pero un proyectil lo alcanzó, atravesando su cuerpo y comprometiendo su médula espinal y columna a nivel T12, lo que no le permite caminar. Hay un proceso activo en etapa de indagación ante la Fiscalía General de la Nación (FGN). Sin embargo, el caso no ha avanzado porque no se ha individualizado al presunto responsable de la tentativa de homicidio. Su caso ha sido archivado en dos ocasiones y Duván señala que han desaparecido pruebas claves y que ha sido cuestionable el manejo de las mismas por los funcionarios. Duván ha recibido amenazas por parte de funcionarios del ESMAD e intimidaciones por parte de funcionarios públicos de la Policía Nacional. No ha recibido ningún tipo de apoyo del Estado. Duván Villegas, víctima de violencia policial durante las protestas de 2019
Casos como el de Duván fueron documentados en el Informe Resistir a la Impunidad, realizado por el concejal de Bogotá, Diego Cancino, quien ha venido haciendo seguimiento a las denuncias sobre violaciones a derechos humanos por parte de la fuerza pública y en esta ocasión puso la lupa en la garantía del derecho a la justicia de las víctimas y sobrevivientes de violencia policial.
Uno de los principales hallazgos del informe es que las cifras oficiales de la FGN sobre los hechos delictivos ocurridos en el marco del paro nacional (2021) relacionados con abuso de autoridad, detenciones arbitrarias, torturas, lesiones oculares, violencia sexual, homicidios, desapariciones y otras violaciones a los DDDHH por parte de miembros de la fuerza pública, distan mucho de los reportes de organizaciones de la sociedad civil que hacen el respectivo seguimiento.
En general y de acuerdo con el Informe Resistir a la Impunidad, diversas víctimas relatan que es frecuente que en la búsqueda de justicia se generen maniobras dilatorias para suspender o reagendar las audiencias ante la FGN, algunas no conocen siquiera la etapa en la que se encuentran sus casos. “Ninguna víctima de las entrevistadas siente confianza hacia la policía, por ende, tampoco confían en los procesos disciplinarios que se adelantan en la institución. Al contrario, víctimas y familiares aseguran que han sido amenazados por la policía y denuncian ser víctimas de persecuciones y hostigamientos. El apoyo del Estado es nulo y la impunidad casi total”, señaló Cancino.
Si se suman los casos que se encuentran en etapa de indagación asociados a la fuerza pública y a particulares, con aquellos casos en los que no se ha identificado un presunto responsable (recordar que fueron virales las imágenes de civiles armados apoyando a la policía), se encuentra que 74,1% de los casos de presuntos hechos delictivos permanecen impunes.
Con relación al número de víctimas, se encontró que de los 1166 casos asociados a particulares la FGN reportó 6.533 víctimas y de los 65 casos asociados a la fuerza pública la FGN reportó 745 víctimas. Es decir que, por cada caso delictivo asociado a la fuerza pública hay en promedio 11 víctimas; mientras que, en el caso de particulares, por cada caso delictivo hay en promedio 5 víctimas. Con relación a las víctimas cuyo presunto responsable es la fuerza pública, la mayor parte de estas se reportaron en Cali (77,85%), seguido de Medellín (19,06%) y de Bogotá (1,07%).
De acuerdo con el Informe Resistir a la Impunidad, la FGN registró 3.169 casos de presuntos hechos delictivos relacionados con las protestas sociales, entre el 28 de abril y 2 de junio del 2021, a lo largo de todo el territorio nacional. De ese registro, en el 61,1% de los casos no se han identificado responsables, en el 36,8% de los casos (1166) los presuntos responsables son particulares y el 2% de los casos (65) los presuntos responsables son de la fuerza pública (De los 65 casos que reporta la FGN con presuntos responsables de la fuerza pública, 2 casos están asociados al ejército y 63 a la policía).
Con corte al 18 de abril de 2022, el 83,1% de los casos (54) con presuntos responsables de la fuerza pública están activos y de esos el 50% de los casos está en etapa de indagación, es decir que, siguen en la FGN quien debe decidir si archiva el caso o formula la imputación.
Cancino destaca que lo más preocupante es que en la mayoría de los casos no se ha garantizado el derecho a la justicia de las víctimas, las investigaciones no avanzan o simplemente los casos se cierran sin ninguna oportunidad de justicia para las víctimas.
Preocupa el subregistro de la FGN: En el caso de lesiones personales en la ciudad de Bogotá, mientras la FGN reportó 49 víctimas (44 asociados a particulares y 5 a la fuerza pública), la Campaña Defender la Libertad reportó 790 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, el ESMAD y civiles armados no identificados.
El Informe Resistir a la Impunidad advierte que mientras la FGN reporta apenas 4 víctimas de delitos posiblemente asociados a lesiones oculares en Bogotá; Indepaz, Temblores y la Campaña Defender la Libertad registraron 42 casos.
La FGN reportó 151 víctimas de homicidios (106 presuntamente por particulares y 45 al parecer por miembros de la policía). Según la FGN todos los homicidios cometidos presuntamente por la Policía se registraron únicamente en Cali y durante el mes de abril. Al respecto, al menos en Bogotá, la Campaña Defender La Libertad registró 4 homicidios de personas civiles presuntamente atribuibles al ESMAD. A su vez, la Oficina del Alto Comisionado verificó 7 casos de muertes presuntamente cometidas por el uso de armas menos letales por parte de la fuerza pública en otras ciudades además de Cali.
Advierte el Informe que todos los reportes de la FGN sobre violencia sexual se atribuyen presuntamente a particulares, mientras que Temblores reportó 25 casos cometidos presuntamente por la Fuerza Pública. Además, la FGN no reportó ningún caso en Bogotá, mientras que la Campaña Defender la Libertad reportó 18 casos de agresiones sexuales, de los cuales 5 sucedieron en la ciudad de Bogotá.
En el caso de las detenciones arbitrarias, la FGN únicamente reportó 21 víctimas, 19 atribuibles a la Policía, en etapa de investigación. Este reporte contrasta abismalmente con las cifras registradas por organizaciones de la sociedad civil e incluso es muy inferior al reporte que hizo la Personería de Bogotá de traslados irregulares durante la protesta solo en la capital: 446 traslados realizados a sitios no permitidos, entre el 28 de abril y el 4 de junio de 2021.
“¿Dónde ha quedado la justicia? ¿Por qué se ha intensificado la impunidad? ¿Por qué más del 74% de los casos siguen activos sin que el proceso avance? La impunidad revictimiza. La ausencia del derecho a la justicia lo que hace es que el derecho a la reparación no se dé. Lo que hace es incrementar una patente de corso para que algunos policías y muchos victimarios sigan perpetrando estos delitos porque saben que nunca van a tener justicia, que la justicia no va a llegar”, puntualizó Diego Cancino.
