“Mantener la ocupación ilegal de las comunidades indígenas en el Parque Nacional solo sigue generando una mayor crisis social, vulneración de derechos de mujeres y niños, pérdida del espacio público daño a la infraestructura de la ciudad y la creencia de que todo se exige con agresión, vandalismo e intimidación”, así lo manifestó hoy la concejal Lucía Bastidas.
El pronunciamiento de la cabildante del partido Alianza Verde se dio luego de los recientes disturbios en los alrededores del parque que dejaron en evidencia la instrumentalización de menores de edad, mujeres embarazadas y con niños de brazos que eran obligados a intervenir de las agresiones contra el ESMAD, dotados con palos, machetes y dardos impregnados con sustancias.
“En esa toma hay quienes se aprovechan de las víctimas. No podemos dejar que estén instrumentalizando a los niños, que pongan a las mujeres de escudos humanos. Vimos a los más pequeños portando machetes, palos en las protestas. Y a diario los vecinos denuncian que los ven solos en las calles aledañas, desnudos en el canal, sucios, sin alimentar, sin cuidado”, indicó.
Y agregó que a esa problemática se suma también la desprotección de los derechos de los ciudadanos: “vecinos, transeúntes y comerciantes del sector que se han visto afectados en estos meses. Tienen vías cerradas, hay más inseguridad, no han podido volver a pasar por el parque, deportistas y escuelas no han podido utilizar el espacio, hay basuras por doquier, el canal se volvió baño público, hay mendicidad; y ahora, cuando hay los indígenas deciden protestar, hay caos, les rompen vidrios a los locales comerciales, casas y a los carros, los vandalizan, detienen los vehículos, arman barricadas, los retienen y les exigen dinero como ocurrió el miércoles pasado”.
La concejal Bastidas exigió el compromiso institucional del gobierno nacional, de la Alcaldía de Bogotá, de la Defensoría del Pueblo, de la Personería Distrital, del ICBF y de los jueces de la República frente a las responsabilidades que no se están cumpliendo en la solución de la disolución de la toma, en la garantía de condiciones dignas para las comunidades indígenas, y sobre todo en la articulación para la protección de más de 600 niños, niñas y adolescentes que están en difíciles condiciones que les vulneran todos sus derechos.
“Necesitamos una salida social efectiva y la intención de negociación de ambas partes; hay que llegar a acuerdos y no seguir entre la falta de autoridad de la Alcaldía para tomar el control del predio que se convirtió en una zona vedada y tampoco persistir en la negativa total de los líderes indígenas a cualquier tipo de oferta social con algunas exigencias imposibles de cumplir. La institucionalidad no se puede limitar a una caracterización de las personas que llevan allí siete meses, sino indagar si efectivamente todas son víctimas del conflicto, desplazados, población vulnerable, porque hay mucho vividores que llegaron ahí a ver qué logran pescar en río revuelto”, señaló.
