Contrario a la regulación exigida a empresas y parques privados para poner en funcionamiento los denominados ‘autocines’, la empresa privada Royal Films y el IDRD desarrollan ahora esta misma actividad, sin tener los permisos para este tipo de eventos y usufructuando el espacio público y sin contar con un contrato de aprovechamiento económico y las contraprestaciones que implica.
Se trata del Auto Cine que inauguró el IDRD y que estará abierto hasta el 24 de diciembre; ubicado en la Plaza de Eventos del Parque Simón Bolívar, con dos funciones diarias de martes a domingo. Para acceder al evento, el primer paso es solicitar la boleta a través de la página web del IDRD o de Royal Films, la cual se activa con un código que condiciona la compra de alguno de los combos ofertados por la empresa operadora del cinema que oscilan entre los 20 mil y 36 mil pesos, de lo contrario, no es posible finalizar el proceso para la entrada, por lo que la publicidad que hace alusión a un evento gratuito resulta evidentemente engañosa.
La queja no solo viene desde las empresas de entretenimiento que deben cursar todo el trámite de SUGA (Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público en el Distrito Capital), y cumplir con las obligaciones que exige la normatividad vigente para estos eventos, que incluyen: cumplir con inscripciones y conceptos por parte de autoridades como IDIGER, Bomberos, Policía Nacional, Acto Administrativo por parte de la Secretaría de Gobierno y otros plasmados en la Ley 1493 de 2011, Ley 1801 de 2016, Decreto 599 de 2013 Modificado por el Decreto Distrital 622 de 2016, y demás normas concordantes, que buscan que un evento tenga contemplados y mitigados todos los riesgos previsibles y más los relacionados con la salubridad pública en esta pandemia.
También, se vulneran principios como la libre competencia y equidad que debe darse en este caso, pues privilegian los intereses de una sola empresa de cine, sobre las demás que tuvieron que surtir todos los procesos que se les exigieron hace meses. Solo por presentar un ejemplo, mientras las demás empresas invirtieron en estrictos protocolos de bioseguridad para obtener el permiso de apertura en otro tipo de eventos, en este caso el IDRD le permite sin este rigor el desarrollo de sus actividades.
Sin duda, lo que está sucediendo es un incumplimiento a la ley por un aprovechamiento económico del espacio público sin la legalidad exigida, con exposición de marcas comerciales en un bien de la ciudad, y exigencias de consumo particular a los ciudadanos para disfrutar de un evento supuestamente sin costo. El aforo permitido por función es de 102 vehículos. Entonces, ¿Qué pasa con la legalidad? y ¿Las ganancias a dónde van? Claramente, los bogotanos esperan la respuesta del IDRD ante todas las denuncias e irregularidades sobre este negocio.
