- La capital presentó un déficit de 24.406 cupos escolares en 2025, manifestó el concejal Julián Espinosa
- Violencia y abuso en colegios públicos aumentaron en 6.923 casos durante el último año, indicó el cabildante Julián Sastoque
- Concejales solicitaron el fortalecimiento de las aulas de apoyo pedagógico y mayor atención a infantes con discapacidad en Bogotá
En sesión de la Comisión de Gobierno, el Concejo de Bogotá llevó a cabo un debate de control político sobre las brechas sociales que inciden en la deserción escolar, la situación de la educación inclusiva y los retos de seguridad que enfrentan los menores en sus entornos educativos.
Durante la jornada, los concejales citantes Oscar Bastidas, Andrés Onzaga, María Clara Name, Julián Sastoque, Julián Espinosa y Andrés García advirtieron que en la capital persisten brechas estructurales en el acceso a la educación, especialmente para los hogares en condición de pobreza. Señalaron que estas familias enfrentan dificultades para acceder a créditos educativos por falta de garantías y que, ante la ausencia de becas prioritarias, muchas recurren al endeudamiento como única alternativa para continuar los estudios.
En ese contexto, los cabildantes alertaron que solo el 52,2 % de los bachilleres accede de manera inmediata a la educación superior, siendo los ingresos familiares el principal factor que determina la continuidad educativa de los jóvenes. A este panorama se suma un déficit de 24.406 cupos escolares en Bogotá durante 2025, con Suba como la localidad más afectada, al concentrar 10.872 cupos faltantes, situación que profundiza las desigualdades territoriales y limita el acceso efectivo a la educación.
Respecto a la población étnica, los concejales manifestaron su preocupación por la ausencia de datos claros que muestren las personas que han desertado los programas educativos, lo que invisibiliza las problemáticas de estas comunidades. Asimismo, señalaron que las personas beneficiarias de iniciativas con enfoque étnico enfrentan barreras de empleabilidad asociadas a prácticas de discriminación por sus apellidos, acento o vestimenta. Adicionalmente, advirtieron que la oferta formativa, en muchos casos, se encuentra desconectada de las demandas reales del mercado laboral.
Uno de los ejes centrales del debate fue la educación inclusiva. Los cabildantes insistieron en la necesidad de fortalecer las aulas de apoyo pedagógico y evitar su cierre sin procesos efectivos de consulta y diálogo con padres de familia y docentes. Recordaron que estas aulas atienden actualmente a 2.665 estudiantes con discapacidad y representan una herramienta estratégica para el desarrollo humano y la transformación de las comunidades educativas. Por lo anterior, advirtieron que la eliminación de las mismas afecta la salud emocional de los estudiantes, sobrecarga a las familias y debilita la confianza en la educación pública.
Asimismo, indicaron que una inclusión adecuada contribuye a reducir la deserción y el aislamiento social, la cual, no puede limitarse al simple traslado de cupos escolares, sino que debe contemplar mejoras en infraestructura, personal especializado, recursos pedagógicos y procesos de sensibilización social.
Finalmente, en materia de seguridad en los entornos escolares, se evidenció un aumento significativo de los casos de violencia y abuso en colegios públicos. Según los datos presentados, en 2024 hubo 26.678 situaciones reportadas, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 33.601, lo que representa un incremento de 6.923 casos. A este panorama se suman factores como el uso de armas blancas y de fuego, la alta incidencia de riñas y el riesgo de reclutamiento infantil por parte de grupos al margen de la ley.
Frente a este panorama, la Corporación insistió en la necesidad robustecer la articulación interinstitucional en aras cerrar brechas sociales, prevenir la deserción escolar y asegurar que la educación pública sea un entorno seguro, incluyente y con oportunidades reales para niños, niñas y jóvenes en la capital.
