“Más allá de que sorprende que cambien las determinaciones de la administración frente a la Resolución 1183 de 2020, que establecía medidas de control, protección y prevención en el uso del espacio público hasta el 31 de diciembre, también preocupa que las modificaciones de última hora contribuyan a generar riesgos en el espacio público de la ciudad” señaló la Concejal de Bogotá Lucía Bastidas.
En primera instancia, con dicha resolución se priorizaron zonas de comercio que son altamente visitadas por la ciudadanía y de paso la pedagogía del autocuidado, distanciamiento y uso adecuado de elementos de bioseguridad. Se prohibía con ella, a los comerciantes informales vender, suministrar, manipular y usar elementos como: Cilindros de gas, carretas o estructuras superpuestas en el espacio público, que no estuvieran autorizadas, pólvora o artículos pirotécnicos, entre otros. Sin embargo en las últimas horas y luego de las protestas de algunos vendedores informales, la Secretaría de Gobierno informó que reversaba su decisión y ahora si autoriza la utilización o disposición para ventas ambulantes que requieran cilindros de gas.
“Si bien es cierto, en esta época decembrina y con los estragos de la pandemia, esta población necesita garantizar el mínimo vital para sus hogares, también lo es que no se puede desconocer que los cilindros de gas representan un riesgo para quien lo usa y para el ciudadano que transita, que adicionalmente por el espacio que ocupan, dificultan el transito libre y que no hay suficiente personal que haga vigilancia o control sobre su adecuado uso y seguridad”, dijo la cabildante del partido Alianza Verde.
Y agregó: “El espacio público requiere desarrollar estrategias de inclusión y formalización, sin transgredir los derechos de los peatones, residentes y demás. No debe promoverse este tipo de ocupaciones, menos aun cuando en zonas tradicionales de comercio por estos días lo que observamos son aglomeraciones tales que no dejan espacio ni para andar y representa un peligro alarmante que las personas lo hagan junto a innumerables carretas que usan estos elementos sin regulación. También es cierto que frente a las ofertas institucionales, la aceptación es un acto unilateral y voluntario por parte de los vendedores informales, quienes en ocasiones prefieren estar en el espacio público que en sitios asignados por el IPES o en empleos formales, por lo que debe insistirse con acciones concretas en la recuperación de estas zonas, luego de que una vez realizada la oferta, esta no sea aceptada. El espacio público es de todos y debe ser seguro para todos”.
Concejal de Bogotá
