Toma en Parque Nacional mantiene en vilo a 290 menores instrumentalizados para la protesta

La toma ilegal del Parque Nacional, que completa más de 53 días, continúa sin solución a la vista a pesar de las permanentes mesas de negociación que han liderado el gobierno Nacional y Distrital, porque los falsos líderes que mantienen un no rotundo a las ofertas sociales, solo buscan favorecerse de la situación y fomentar sus intereses políticos y particulares.
Son 13 comunidades indígenas las que están en el lugar bajo condiciones que ponen en riesgo la seguridad y el bienestar, principalmente de niños, niñas, mujeres embarazadas, adultos mayores, que componen el 70% de la población presente allí, y que están coaccionados por estos liderazgos ilegítimos que se lucran de su necesidad. Hasta el momento, 29 menores han tenido que ser trasladados a hospitales, 4 niños y dos adultos permanecen hospitalizados, 26 mujeres embarazadas tienen comprometida su salud y se han atendido en el lugar tres partos en la precariedad.
Desde las primeras semanas denunciamos públicamente que los representantes de la comunidad Embera acreditados ante el Ministerio del Interior no reconocían a esos voceros que mantienen la toma, y que se hacen pasar por víctimas del conflicto; queja que fue confirmada esta semana por la Secretaría de Seguridad y de Gobierno, al recibir la exigencia de dichas personas para obtener contratos con el Distrito a cambio de seguir la negociación, y por la cual pudieron verificar que ni siquiera hacen parte de alguna de las comunidades indígenas.
Más preocupante aún, es la instrumentalización de aproximadamente 290 niños y niñas en la toma ilegal. Menores de edad, entre los 3 y 17 años, que son puestos en primera línea de las reuniones, portando palos y gritando arengas para las que han sido adoctrinados, bajo condiciones de insalubridad, expuestos en su salud por el clima y con la vulneración a todos sus derechos porque no se les permite salir de la zona con sus familias a tener una atención adecuada en salud y educación, o para dormir y comer bajo condiciones dignas en un albergue.
Los vecinos de la zona también han adelantado acciones para el restablecimiento del espacio público, por cuenta de las basuras, el mal estado del canal Arzobispo que ha sido convertido en baño público, por la tala de árboles para fogatas e instalación de cambuches; se realizaron más de tres audiencias públicas sin resultado y no se ha permitido avanzar en forma con la caracterización de la población por parte de la Unidad de Víctimas, para garantizar que la oferta institucional llegue a todos y cada uno de los afectados y concertar el sitio transitorio para su reubicación. La Personería Distrital, también ha denunciado que en revisiones a la zona se evidencia instalación de nuevos cambuches fuera del perímetro autorizado y cierres parciales de vías, afectando la movilidad.
Este escenario refleja una urgente necesidad de poner fin a esos liderazgos ilegítimos que ponen en riesgo a las comunidades indígenas en Bogotá. La solución debe ser concertada y negociada, por ambas partes, sin coacciones que pongan en riesgo a los más vulnerables. Los derechos de esos cientos de niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores deben prevalecer sobre los de esos pocos que disfrazan sus pretensiones bajo el título de protesta social.
Lucía Bastidas Ubaté
Concejal de Bogotá