A pesar que la alcaldesa Claudia López había prometido que para el mes de mayo se contaría con 4000 UCI en el Distrito, a la fecha se cuentan únicamente con 1296 disponibles para COVID 19, de las cuales 1164 están siento utilizadas, con una ocupación de UCI del 89,8%, el sistema hospitalario en alerta roja y la ciudad bajo una cuarentena estricta por localidades que podría extenderse, el sector salud evidenció que no tenía estructurada la estrategia para actuar cuando más se incrementan los casos de Covid-19 y cuando más lo necesita la ciudad.
Es claro que la Administración falló en el cálculo de UCI que debería tener para esta época; en el momento, las UCI generales que se encuentran habilitadas son: 1376 de la red privada y sólo 280 son de la red pública. De haberse cumplido con la meta inicial, el porcentaje de ocupación sería inferior, y Bogotá no estaría bajo una cuarentena extendida que cambia semana a semana perjudicando no solo la salud sino la economía. Sólo hasta el 4 de junio se compraron los primeros 70 ventiladores UCI y bajo señalamientos de sobrecostos que son estudiados ahora. El deficiente crecimiento de Camas UCIS adultos destinadas a los pacientes COVID-19 ha mostrado un pobre incremento que no se equipara a la emergencia que estamos viviendo: el 1 de abril: 451, para el 1 de mayo: 543, el 1 de junio: 670, el 1 de julio: 988 y hoy estamos en: 1.296 con la confirmación de 55.056 contagios confirmados.
El dilema de Corferias para pacientes Covid-19 asintomáticos
Uno de los principales cuestionamientos recae sobre Corferias, un Centro Hospitalario Transitorio para el que se firmó un contrato de más de 200 mil millones de pesos, pensado para atención No-Covid, que se terminaba el pasado 7 de julio y decidió extenderse hasta el 31 de agosto. El resultado de este espacio habilitado desde el 20 de abril, son 185 pacientes atendidos a la fecha, 48 que permanecen hospitalizados, lo que no corresponde a la atención o inversión de un espacio que se había dotado para 2.000 camas y que tiene en su personal 210 contratistas por OPS, de los cuales 174 son asistenciales y 36 de apoyo administrativo.
Ahora, ante la emergencia sanitaria desbordada, con casos como el del Hospital Santa Clara con pacientes con sospecha del virus en el suelo, compartiendo espacios con personas con otras patologías o diagnóstico e incluso con ciudadanos de tercera edad. La Administración decide que atenderá durante este tiempo que le resta al convenio, pacientes de Covid-19 asintomáticos, pero responde la Secretaría de Salud que aún están construyendo los lineamientos para recibir a los contagiados. No se tiene prevista un área intermedia si es el caso de que pacientes asintomáticos se compliquen o presenten síntomas.
Corferias no tiene adecuación de gases que requerían los pacientes en caso de evidenciar síntomas durante su permanencia y los casos de pacientes Covid asintomáticos generan gran riesgo de convertirse en un nuevo foco de contagio para las otras personas que no tienen el virus y que están siendo atendidas en este lugar.Es un gasto innecesario disponer camas y centros hospitalarios así sean transitorios, para pacientes que no requieren asistencia médica. Debe ponerse en uso para pacientes que requieran servicios médicos, descongestionar urgencias de otras patologías diferentes al Covid; y dejar los centros especializados para la atención del virus.
Si tuvimos una cuarentena estricta, ¿por qué los protocolos no están listos? Hay que evaluar cuál ha sido el costo-beneficio, si hubo sobrecostos, no considero que Corferias sea la mejor opción para atender a pacientes diagnosticados con el virus; era un tema que debió considerarse desde el inicio, incluso la posibilidad de destinar un hospital de tercer nivel para atención exclusiva de Covid-19 con instalaciones, recursos técnicos, humanos y financieros al servicio de los bogotanos cuando más presencia de contagios presentara la ciudad. No se hizo, no se pensó y ahora se improvisa.
¿Un Top de contratación en el sector salud?
Otro aspecto que alerta y levanta sospecha es la concentración de la contratación del sector en un grupo específico; se trata de 13 empresas y siete personas naturales con convenios suscritos con las cuatro subredes de la ciudad, por montos superiores a los 16 mil millones de pesos. Llama la atención además que en algunos casos se trate de un mismo contratista para diferentes aspectos, como ocurre con un caso en particular de una persona natural que ha logrado en estos meses 18 contratos por 5.600 millones de pesos, por suministro de medicamentos, otros por operación logística y unos más por asesoría y acompañamiento a procesos precontractuales.
Le he solicitado a la Personería que se pronuncie sobre estas dudas y que se revise la democratización de la contratación porque en medio de la crisis muchas empresas migraron a este tipo de servicios de salud y es una manera de garantizar la equidad. Que se vigilen las condiciones para que mucha gente y empresas puedan participar y defender los recursos públicos.
Al parecer la cuarentena no sirvió para el alistamiento, nos concentramos en la pugna política en la pandemia, con discusiones públicas innecesarias, que distrajeron del objetivo y que en nada le aportan a la ciudad para superar la emergencia y a salvar vidas. O, ¿por qué en pleno pico de la pandemia no se tiene un espacio preparado para los pacientes complejos que puedan presentar complicaciones? ¿Por qué se esperó hasta llegar al 90% de ocupación de UCI para habilitar un espacio que se ha desaprovechado pro meses pero para atención de asintomáticos?, ¿Por qué Bogotá no ha evidenciado la adquisición suficiente de ventiladores
Lucía Bastidas
Concejal de Bogotá
