El tercer pico de la pandemia en el país ha vuelto a traer el debate en torno a la pertinencia y posibilidad de la educación presencial.

Para la ministra de educación la prioridad es la alternancia (educación semipresencial), siempre y cuando los indicadores sanitarios lo permitan. La decisión de cerrar los colegios no recae en las secretarías de educación del país sino que se necesita el aval del Ministerio de Salud y de Educación, quienes a la final deciden, de acuerdo a indicadores epidemiológicos de contagio y ocupación de camas UCI, en qué regiones se puede suspender momentáneamente la presencialidad. Aquellos planteles educativos que aún no han abierto sus puertas, verían aún más retrasado este proceso. Se sabe que alrededor de 1'066.765 estudiantes de los casi 10 millones del sistema educativo en el país han retornado a las aulas, es decir tan solo el 11,6%[1].

Es claro que el cierre de los colegios tiene efectos para niños, niñas y adolescentes, en lo educativo y en su salud mental. Los estudiantes se enfrentan a la pérdida de aprendizaje que conlleva a un rezago escolar y un mayor riesgo de deserción, dificultades que pueden ser mayores en quienes provienen de hogares en mayor condición de vulnerabilidad, pues no cuentan con apoyo para estudiar (ya sea la ayuda directa de los padres o herramientas tecnológicas y de conectividad). Para otros estudiantes también implica la interrupción de servicios esenciales como la alimentación[2].

Los derechos de la niñez deben estar en el centro del debate, particularmente los de la primera infancia. Por ejemplo las instituciones del ICBF en sus distintas modalidades les permiten a padres y madres de familia dejar allí a sus hijos recibiendo cuidados y educación mientras deben ir a trabajar (casi la mitad del país y de la capital trabaja en la informalidad)[3]. Para el concejal Armando Gutiérrez la educación va de la mano con la reactivación económica.

La Secretaría Distrital de Educación ha elaborado un plan llamado Reapertura Gradual Progresiva y Segura (Reapertura GPS), proceso voluntario en todos los niveles del sistema educativo de Bogotá. En el proceso de consulta del 2020 con la comunidad educativa, se contó con la participación de 98.621 personas entre niñas y niños, jóvenes, madres, padres y cuidadores[4]. Los resultados muestran la necesidad de un proceso de concertación entre padres, madres, estudiantes y maestros para llegar a consensos donde no sean los niños y niñas quienes lleven los 'platos rotos', viendo afectado su desarrollo académico, social y emocional. Son en últimas los padres y madres de familia quienes tienen la decisión final de enviar a sus hijos(as) a los colegios y jardines.

Ilustración 1. Consulta con 98.621 participantes sobre la reapertura de instituciones educativas

Fuente: Rendición de Cuentas Secretaría de Educación (2020)

El debate no debe girar en torno a la apertura de los colegios sino en cómo hacerlo, es decir, los protocolos. Al respecto, la Universidad de los Andes ha brindado algunas recomendaciones para mitigar los efectos de la pandemia y las desigualdades ya existentes antes de ésta:

•Garantizar que las estrategias de educación a distancia sean accesibles de manera universal, lo que implica contar con las herramientas tecnológicas y conexión a Internet.
•Buscar una estrategia integral para la primera infancia, que implica garantizar el derecho a la alimentación, a los servicios de salud y vacunación, así como fomentar la estimulación temprana y juego entre las familias y niños y niñas.
•Tener en cuenta lineamientos que se sabe funcionan como las medidas de autocuidado, uso de espacios abiertos o aforos limitados en los colegios asistiendo por turnos.
•Acercar los servicios de salud mental cuando se detecten dificultades en estudiantes y sus familias.
•Responder a las necesidades de aprendizaje de estudiantes quienes se vean afectados por la situación académica irregular, disponiendo de profesores o tutores y tiempo adicional para reforzar académicamente.
Así como ha sido indispensable reactivar la economía y se ha logrado, al menos en parte, hay ciertas acciones concretas que deben y pueden llevarse a cabo para acelerar el proceso del regreso a clases presenciales. En primer lugar están las condiciones mínimas de bioseguridad, partiendo del hecho que no es posible resolver problemas estructurales del sistema educativo como un condicionante para regresar a las aulas. En segundo lugar, desde el gobierno nacional es de carácter urgente emitir el mensaje de la necesidad de reactivar la educación presencial en el país; por ejemplo en el plan de vacunación, los docentes debieron estar en una etapa más temprana, además no puede ser un debate de gremios o ciertos sectores, debe ser un asunto de interés nacional.

Para el concejal el esfuerzo debería focalizarse en localidades como Suba, Kennedy, Ciudad Bolívar y Engativá, que en conjunto concentran aproximadamente el 63% de la población en edad escolar[5] y que comparten otra característica común: están ubicadas al borde occidental de la ciudad y contienen las UPZ más densamente pobladas, cuya correlación es positiva con el número de contagios por COVID-19. "Allí se necesitan campañas constantes sobre medidas de autocuidado, seguimiento riguroso a la ventilación de los espacios y tener un rastreo constante anticipándose a nuevas olas y picos de la pandemia que pongan en riesgo los avances en las estrategias de educación presencial".

Ilustración 2. Número de contagios de COVID-19 por UPZ

Fuente: Veeduría Distrital (2021)

Concejal Armando Gutiérrez González
Partido Liberal