¿Unos sí y otros no? Representantes de establecimientos deportivos piden aval a pilotos para reactivarse

A través de una Acción de Tutela, ciudadanos piden claridad sobre las decisiones de la Administración frente a la autorización para actividades al aire libre, que al parecer internamente ya les fueron dadas a algunos particulares sin mediar protocolos que generen igualdad de condiciones

Exigiendo el derecho a la igualdad, los accionantes, quienes actúan también como representantes del Club Campestre Guaymaral, señalan como antecedente el caso del Club Campestre El Rancho y Los Buhos, que ya habrían recibido de la Alcaldía a través del IDRD, desde el pasado 26 de junio, el aval para la reactivación de las actividades deportivas al aire libre, cuando abiertamente no se ha informado de una iniciativa o piloto para que otros establecimientos acogidos a normas de bioseguridad puedan acceder de la misma manera.

Por esta razón, indicando que tienen cómo soportar que se acogen a cualquier protocolo para garantizar la vida y seguridad de los visitantes, piden ser tenidos en cuenta para poder iniciar sus operaciones de manera gradual, luego de la afectación que han tenido desde el inicio de la cuarentena con la orden del cese de las actividades de la economía nacional, incluyendo las de los clubes sociales y centros deportivos. Por eso, y luego de cuatro meses, y con la autorización gradual de apertura de algunos sectores, el pasado 30 de junio a través de una carta a la alcaldesa Claudia López, solicitaron nuevamente considerar la reactivación con pilotos para su sector, presentaron las propuestas e inquietudes sobre el tema y socializaron precedentes como el de los clubes de fútbol profesional que  expusieron el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus en actividades relacionadas con el entrenamiento y competencia de los futbolistas profesionales y que fue aprobado por el Ministerio de Salud; o el caso del Club Hato Grande, ubicado a unos pocos metros, al cual la Secretaría para la Recreación y el Deporte de Sopó, Cundinamarca, le autorizó “dar apertura de espacios, escenarios y prácticas deportivas”, con el compromiso de cumplir el protocolo presentado para tal efecto.

Sin obtener una respuesta positiva o de negociación, ahora por medio de su acción de tutela, argumentan que merecen igualdad de trato, condiciones y de oportunidades, sin discriminación, pues debidamente presentaron ante el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, el protocolo de bioseguridad de sus establecimientos acogiéndose a todo lo determinado por el gobierno nacional y cumpliendo con las normativas para hacerlo, y también al no existir una justificación legal de las autoridades distritales para continuar con una parálisis total de la actividad deportiva y social.  Además, manifiestan que por el contrario a un riesgo, su apertura beneficia a una población de la tercera edad afiliada que requiere la práctica de la actividad física al aire libre en espacios seguros; pero fundamentalmente llegaría a favorecer a las 279 familias representadas en trabajadores del Club y más de 500 jóvenes que prestan servicios auxiliares en el Golf, deportes hípicos, tenis, etc. A quienes el Club Guayamaral de Bogotá, a la fecha, no ha dejado de pagarles salario.

Este llamado se suma al realizado el pasado mes de junio por los entrenadores de diferentes deportes (tennis, patinaje y fútbol), al de los dueños de canchas sintéticas y clubes deportivos que le piden a la Administración Distrital un espacio para comenzar a conversar en mesas de trabajo para lograr acuerdos y generar los protocolos que les permitan funcionar tras cuatro meses de cierre obligatorio que los tiene al borde de la quiebra y sin un auxilio o apoyo al cual acceder ante esta grave situación.

La respuesta no puede continuar siendo NO, la conversación y la negociación de términos es procedente, este sector también merece ser tenido en cuenta en la gradualidad de la reactivación económica de Bogotá, cuando se comprometen e invierten en protocolos de bioseguridad, cuando generan empleo y han mostrado su compromiso en tributar para la ciudad aún en la crisis y continuar fieles a los compromisos con sus empleados.

Lucía Bastidas

Concejal de Bogotá

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