Ya son 10 meses desde que se destapó el escándalo de corrupción en la adjudicación e interventoría de los cementerios del distrito (Central, Norte, Sur y Serafín) a pesar de estar implicados el excontratista Marcel Esquivel y el exfuncionario Carlos Quintana, amigos que habían trabajado en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en la administración Samuel Moreno no se sabe nada y no hay responsables en la administración de Claudia López.
El contrato de concesión se firmó el 13 de mayo de 2021 por $41.301 millones por 5 años y entró en vigencia el 1 de julio de 2021, mientras que la interventoría inició a finales del mes de agosto de 2021 por un valor de $6.891 millones, casi dos meses después del inicio del contrato de concesión.
Ante los incumplimientos y malos manejos de la fiducia se han ejecutado tres sanciones que suman $2.485 millones. Está en proceso una cuarta, que el próximo 3 de octubre posiblemente se emita y se dé caducidad al contrato de concesión con la empresa Jardines de Luz y Paz S.A.S que debió ocurrir hace tiempo. Aun cuando esto es lo deseado, hay varios temas que la UAESP debe aclarar a los bogotanos:
- ¿Cuál es el plan de contingencia para atender la demanda en los cuatro cementerios del Distrito?
- ¿Qué acciones o medidas tomará la UAESP y el Distrito contra el actual concesionario?
- ¿Qué acciones ha tomado la entidad contra el interventor? De acuerdo con la ex directora, Luz Amanda Camacho, en rueda de prensa del 12 de diciembre de 2022 afirmó que los audios publicados correspondían al contrato de interventoría
- ¿Los audios son del 2021 o del 2022?
- ¿Qué ha sucedido con las afirmaciones de Sergio Venegas sobre el candidato a la gobernación del Cesar y exjefe del gabinete Antonio Sanguino?
- ¿Qué ha pasado con el seguimiento y supervisión de la concesión?, ya que no han sido publicados los informes desde el mes de mayo hasta hoy
- ¿Qué sucederá con las personas que trabajan en la concesión al momento de dar por terminado el contrato?
Hago un llamado a los entes de control, personería y contraloría y a la Fiscalía General de la Nación para que nos cuenten a los bogotanos la verdad sobre estos vergonzosos hechos. La corrupción no puede quedar impune, menos cuando se investiga otro posible hecho que salpicaba directamente a la cabeza de esta administración, la Alcaldesa Claudia López.
