Le corresponde dise�ar y aplicar un modelo de atenci�n que restituya derechos. Las urgencias que se derivan de las dram�ticas circunstancias de las victimas invitan a las instituciones a caer en la tentaci�n de la mera asistencia social. Romper esa tradici�n en la institucionalidad y en los funcionarios p�blicos ser� uno de los m�s importantes retos de la administraci�n.

El Alcalde le ha encomendado a esta reci�n creada Alta Consejer�a la aplicaci�n de la Ley de Victimas y Restituci�n de Tierras en la ciudad. Cuantos y quienes son las victimas es la primera pregunta que debemos resolver. Se habla de cerca de 400 mil personas. Se dice que Bogot� recibe diariamente 50 nuevos desplazados. Pero los datos difieren entre entidades oficiales y ONGs. Los expertos y m�ltiples estudios indican que hay un persistente problema en el adecuado registro de esta poblaci�n. No est�n todos los que son, ni son todos los que est�n.

Pero lo que promete convertirse en una fuente de debate p�blico es la financiaci�n de la reparaci�n de las v�ctimas. No solo porque los recursos p�blicos siempre son limitados para atender las crecientes demandas sociales. Dicha limitaci�n se incrementa si se trata de atender una poblaci�n que requiere la restituci�n plena de todos sus derechos. Y que se incrementa al ritmo que se escala la confrontaci�n militar en el resto del pa�s. Tambi�n por el volumen de recursos que deber� encontrar la ciudad para cumplir las metas propuestas en el pr�ximo Plan de Desarrollo. Ochocientos mil millones de pesos es la suma tasada por la administraci�n.

Pero el asunto de la financiaci�n ha sido fuente de controversias. Fue el argumento del gobierno del Presidente Uribe y de su bancada en el Congreso para negar en su momento una legislaci�n para las v�ctimas. �Aprobar una ley as� crear�a un trauma imparable a las finanzas del Estado� dijeron los voceros oficiales. Pero tambi�n fue un debate sobre el concepto de justicia. Con raz�n hubo voces que reclamaron que la reparaci�n deber�a ser costeada principalmente por los victimarios. Y esa discusi�n se sald� con la aprobaci�n de la propia Ley 1448 de 2011 o Ley de Victimas. El art�culo 19 obliga al Estado a �adelantar las medidas necesarias para garantizar de manera preferente la persecuci�n efectiva de los bienes de los victimarios con el fin de fortalecer el Fondo de Reparaciones�. La Ley ordena que los derechos a educaci�n, salud y saneamiento b�sico de las v�ctimas sean atendidos con recursos de transferencias de la Naci�n.

Una modernizaci�n tributaria para financiar el Plan de Desarrollo es comprensible. Pero que los ciudadanos con m�s altos ingresos deber�an costear con sus impuestos la atenci�n de los derechos de las v�ctimas es un mal mensaje. Que paguen primero los victimarios. Que la naci�n transfiera los recursos que la Ley establece. Y que la Alta Consejer�a convoque la solidaridad de la sociedad bogotana para convertir la atenci�n de nuestras victimas en un escenario de reconciliaci�n, es lo mas aconsejable.