Un estudio de la Universidad de la Salle señala que las clínicas veterinarias usan sustancias de carácter peligroso como pesticidas, desinfectantes y farmacéuticas, las cuales generan residuos peligrosos de tipo líquido y sólido de carácter tóxico, con riesgo biológico producto de los procesos que generan los fluidos corporales en general.
El uso y manejo de sustancias peligrosas generan impacto ambiental considerable que debe ser eliminado, mitigado y controlado por el Estado.
Sin duda alguna, la gestión y tratamiento de los residuos producidos por las veterinarias es una prioridad en el Distrito Capital, ya que, si no hay un buen tratamiento, manejo y disposición de estos residuos se pueden generar serios problemas ambientales y se puede afectar la salud de la población.
El Proyecto de acuerdo 370, trata de responder a esta situación que afronta la ciudad estableciendo unos lineamientos de política pública para el uso y manejo de las sustancias generadoras de vertimientos peligrosos en clínicas veterinarias y establecimientos de servicios veterinarios en Bogotá.
Se pretende prevenir y minimizar la generación de vertimientos de características peligrosas en estos establecimientos, a través del uso, manejo y control de las sustancias peligrosas que son vertidas a la red de alcantarillado, con el fin de reducir el impacto ambiental y prevenir la exposición humana a sustancias peligrosas.
No obstante, la necesidad de este proyecto de acuerdo, para garantizar los derechos de los ciudadanos a un ambiente sano, para evitar graves daños ambientales y sanitarios, la administración distrital emite un concepto de no viabilidad argumentando básicamente que ya existe normatividad nacional y distrital suficiente sobre el tema, lo que haría innecesario expedir otra norma.
Otro argumento de la administración es que lo que dispone el proyecto de acuerdo 370 genera gastos adicionales que no se pueden asumir con el presupuesto del sector.
Sobre la primera objeción al proyecto de acuerdo, hay que decir que lo que dispone esta iniciativa complementa y desarrolla las normas existentes y las organiza en unos lineamientos de política pública que tienen vigencia indefinida en el tiempo, mientras que los decretos pueden ser modificados por la administración de turno.
Bogotá necesita y se merece una política pública específica de largo plazo, para el uso y manejo de sustancias generadoras de vertimientos peligrosos, producidas por clínicas veterinarias y establecimientos de servicios veterinarios, que parte de un diagnóstico bien elaborado; con unos objetivos generales y particulares bien claros, con estrategias prescriptivas, preventivas, pedagógicas, de minimización, reducción y control; con unas líneas de acción muy precisas determinando los actores involucrados, los indicadores, periodos de evaluación, planes de ahorro y uso eficiente del agua, etc., como lo sugiere el texto del proyecto de acuerdo aprobado en primer debate.
Frente al tema de los recursos, la administración distrital debe entender que el tema del uso y manejo de los residuos peligros es una prioridad ambiental y sanitaria, especialmente las medidas preventivas que deben ser adoptadas oportunamente para evitar lamentaciones en el futuro. En consecuencia, hay que buscar los recursos presupuestales que se necesitan para implementar esta política pública.
