A pesar de la renuencia y las excusas permanentes de la Administración por acatar el fallo y desconocer nuestros llamados, logramos con nuestra perseverancia que la administración se viera obligada a actuar en favor de la salubridad pública y la cultura ciudadana en materia de baños públicos.
Los decretos expedidos por la Administración Distrital buscan incrementar oferta de baños en Bogotá, promover la cultura ciudadana para el buen uso del espacio público e iniciar un plan piloto que durante un año permita evaluar la sostenibilidad de este tipo de infraestructura.
Una ciudad de las dimensiones de Bogotá no puede sufrir por la escasez de baños públicos. La falta de infraestructura sanitaria y el irrespeto al espacio público por parte de los ciudadanos derivaron en un problema de cultura ciudadana que consiste en usar como letrina desde esquinas, puentes vehiculares y peatonales, hasta canales y otros espacios. Una situación que claramente genera malos olores y atenta contra el derecho a la salubridad que tenemos todos los bogotanos.
En otras partes del mundo, como París, Nueva York o Sídney, este problema se ha resuelto a través de la instalación de baños públicos en todas las zonas de gran confluencia de trabajadores, turistas y ciudadanos; sin embargo, en Bogotá, la Administración Distrital asumió el tema como uno de tercera categoría, que poca importancia tiene frente a la salud pública distrital.
Por esta razón, decidimos retomar el tema desde el año 2016 con la firme convicción de mejorar el acceso sanitario de los ciudadanos, no sólo en los sitios de mayor concentración sino en todas las localidades, a través de un incidente de desacato que interpusimos por el incumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca en agosto de 2011, que ordenaba dotar a la ciudad de baños públicos.
La administración distrital nos presentó a regañadientes un inventario de baños, el cual tomó casi un año para ser entregado, y arrojó que en Bogotá hay 163 puntos de servicio de baño público, incluyendo estadios, coliseos, instalaciones deportivas y entidades públicas que, si bien son de propiedad distrital, no tienen sus baños abiertos a cualquier persona. Lo mismo sucede en las estaciones de Transmilenio, ya que es necesario ser usuario y estar dentro de uno de los portales del sistema para acceder a este servicio.
Adicional a esto, la Administración también incluye en su inventario los 32.497 puntos de comercio registrados en la ciudad, que en su mayoría no prestan el baño, presentando excusas como: “no está disponible”, “está sucio”, o, el más conocido, “no hay servicio”. ¿Cómo hacer entonces para garantizar el derecho a la salubridad pública a través del servicio de baño si ni siquiera existe la infraestructura necesaria? ¿Realmente no existe otra alternativa distinta a utilizar la calle?
Esas fueron las preguntas que este año le reiteramos a la Alcaldía, quien negó que sean 8 millones los bogotanos que necesitan un baño público, sino que, por el contrario, la población que lo solicita es menor. Según su diagnóstico, los niños, estudiantes y empleados, por tener una ruta fija de la casa al colegio o trabajo, no necesitan un baño. Es decir, para la Administración no existen las emergencias, la necesidad de los padres para cambiar pañales, o el simple hecho de que, en Bogotá, un trayecto de transporte normal toma más de 70 minutos, en los que por pura naturaleza se hace necesario buscar un sanitario.
Todas estas razones fueron suficientes para que el pasado jueves 6 de diciembre, durante audiencia pública, el juez 35 Administrativo de Bogotá ratificara el incumplimiento de la sentencia de 2011 y, por ende, la inexistencia de una infraestructura amplia y adecuada de baños públicos.
Por ello ordenó que, en un plazo máximo de un mes, la administración presente un cronograma detallado que incluya no sólo el inventario, sino también un diagnóstico sobre las necesidades sanitarias en toda la ciudad, así como le ordenó aprobar el proyecto de decreto presentado por la administración, asignando a las entidades distritales facultades y responsabilidades específicas para lograr la provisión efectiva de baños públicos.
Dentro de la misma audiencia, el juez también ordenó a la Alcaldía poner en marcha el plan piloto de baños propuesto por la misma, que pueda evidenciar lo bueno, lo malo y lo feo de lo que se ha hecho hasta el momento, y con esto mejorar el servicio.
Finalmente, y no menos importante, el juez también fue enfático en incluir a la cultura ciudadana como un pilar en todo este proceso, pues se trata de un asunto de corresponsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos.
De esta manera y con mucha perseverancia logramos que, a pesar de la renuencia y las excusas permanentes de la Administración por acatar el fallo y desconocer nuestros llamados, se vieran obligados a actuar en favor de la salubridad pública y la cultura ciudadana en materia de baños públicos.
Una gran victoria que obtenemos para la ciudad, donde finalmente se iniciará un plan piloto que permita determinar la sostenibilidad de este tipo de servicio en beneficio de todos los bogotanos.
Sin perder de vista, claro está, que no sólo basta con adecuar infraestructuras, construidas con el dinero de los impuestos de los bogotanos, sino que se hace necesario trabajar también en la apropiación, el respeto y la pertenencia con el espacio público de la ciudad, de tal manera que cada persona entienda que Bogotá no es un baño a cielo abierto.
