Según el Banco Mundial, el modelo de concesión que se implementó en Bogotá ha trascendido la esfera de cerrar las brechas de inequidad frente al acceso a la educación para convertirse en un mecanismo efectivo para mejorar la calidad de la educación en los sectores más marginales de la ciudad. En este sentido, todos los actores de la discusión están de acuerdo con que este modelo de operación y administración del servicio educativo ha demostrado tener un impacto positivo en el mejoramiento del rendimiento académico de los niños, niñas y jóvenes beneficiarios.
La cuestionada decisión del Concejo de Bogotá de no aprobar el Proyecto de Acuerdo No. 235 de 2014 radicado por la Administración Distrital que buscaba autorizar vigencias futuras para 17 colegios, por un monto de 170 mil 500 millones de pesos, no se tomó por desconocimiento de estas calidades, ni por un tema de “odios o voluntad política” como lo hizo ver el Alcalde de la Ciudad.
El debate no inicia en el momento en que la Secretaría de Educación tomó la decisión de radicarlo en el Concejo de Bogotá. Es un debate de vieja data en el Cabildo Distrital, así como lo son los innumerables llamados de los concejales para que fuera incluido dentro de las prioridades educativas de esta Administración.
Pero más allá de lo susceptible de los resultados de la votación, la discusión en el Cabildo Distrital no sólo se basó en las dudas jurídicas de aprobar vigencias futuras superiores al periodo de gobierno, sino que se dio una discusión de fondo sobre los instrumentos de análisis empleados para la evaluación de calidad, su validez y confiabilidad. Así como el tipo de administración y el modelo pedagógico que implementará el Distrito para estos colegios, lo cual no aclaró la Administración durante en el debate.
Ahora bien, es necesario aclarar que la decisión de no aprobar estas vigencias futuras, no quiere decir que se acabe con los Colegios en Concesión. En este caso la Secretaría de Educación tendría que operar los 17 colegios con recursos propios, para lo cual tendría que realizar contratos anuales y no a tres años como se solicitaba en el Proyecto.
En este panorama, ya hubo una discusión de fondo, ahora la ciudadanía espera que haya voluntad por parte de la Administración para continuar con este modelo de calidad educativa y se tengan en cuenta las modificaciones expuestas en el debate.
