Ante la Comisión del Plan del Concejo de Bogotá, el concejal Manuel Sarmiento, respaldado por la bancada del Polo Democrático Alternativo, presentó un proyecto para permitir que TRANSMILENIO S.A., como empresa pública, pueda operar el sistema de buses articulados. La propuesta busca modificar el Acuerdo 04 de 1999, expedido en la primera alcaldía de Enrique Peñalosa, mediante el cual se creó TRANSMILENIO S.A., y en el que se dispuso que la operación del sistema solo fuera exclusiva para empresas privadas.
Manuel Sarmiento sustentó su propuesta así: “En los distintos debates en el Concejo se demostró que la concesión exclusivamente privada del servicio ha causado una ineficiente operación del sistema, con uno de los pasajes más caros de América Latina, hacinamiento, frecuencia insuficiente para atender la demanda y además un desangre constante de la Hacienda Pública, que con enormes transferencias le financia excesivas ganancias al oligopolio particular y hasta sobrecostos”.
Ante el anuncio de la administración de Peñalosa que –como hizo la de Petro- va a prorrogar ya hasta 1,5 millones de kilómetros la vida útil de los buses articulados de la fase 1 de Transmilenio, el concejal del Polo advirtió: “La Administración Distrital no debe seguir encubriendo ni promoviendo esta irregularidad que, entre otras, pone en grave riesgo la seguridad de millones de pasajeros diarios. Por esta razón, el Proyecto que presento contempla, para el operador público, la creación de un Fondo de Reposición de Flota que, con los utilidades obtenidas en el tiempo provenientes de las unidades que reciba en reversión, puedan irse sustituyendo los buses que cumplan su vida útil por otros nuevos”, explicó el cabildante.
Al presentar este Proyecto, que daría un cambio sustancial en la prestación del servicio de transporte en Bogotá, agregó Manuel Sarmiento: “La crisis de los operadores actuales es tal que, según nota de la Revista Semana, el sistema bancario está decidiendo si no los sigue apalancando. Cada vez es más evidente la necesidad de que Bogotá dé oportunidad a la existencia de un operador público, que, tal como sucede en las principales capitales del mundo, funcione con una lógica distinta a la del lucro privado, de auténtico servicio y no como negocio”.
