Controlar armas blancas es salvar vidas

En buena hora la administración del alcalde Enrique Peñalosa tomó la decisión de prohibir la venta y compra de armas blancas en el espacio público, escenarios deportivos, culturales o de recreación, en todo el territorio del distrito capital.

Es una medida urgente, como lo demuestran las cifras de uso de este tipo de armas en el delito, sobre todo en los hurtos y los homicidios. Entre enero y julio 31 de este año, de 580 homicidios, 258 se cometieron utilizando este tipo de arma, para una proporción del 44,5 por ciento.

 

Ese porcentaje subió en relación con las cifras del 2016 y el 2017, cuando de un total de 2.403 asesinatos, 968 fueron con arma blanca, con un porcentaje del 40,3 por ciento. Es decir, 4,2 por ciento adicional este año, en relación con los dos anteriores, lo que demuestra que va en aumento el uso de estas armas.

 

Las cifras no dejan dudas de la importancia de esta medida que debe entrar en vigencia cuando antes. Cifras de la Policía de TransMilenio indican que en 3 de cada 10 casos de hurto de celulares (este año van 4.461 casos), uno de los hurtos más comunes en el transporte, se usó un arma blanca o corto punzante.

 

El decreto que tiene listo para firma el alcalde es claro en señalar que la medida busca garantizar la integridad de los ciudadanos, que está en riesgo por la falta de reglamentación de las armas blancas. Por más decomisos que se realicen, como ocurrió en TransMilenio entre enero y julio cuando se incautaron 9.321, la compra y venta libres hacen estéril la labor de las autoridades.

 

Es importante que la ciudad sepa de qué armas estamos hablando: cuchillos, navajas, puñales, puñaletas, punzones, manoplas, cachiporras, machetes, garfios, leznas, mazos, hachas, cortaplumas, patas de cabra, estoques, dagas, sables, espadas o cualquier otro objeto que con características similares, tal como lo señala el proyecto de decreto.

Es lo que se llama entre las autoridades elementos cortantes, punzantes, corto punzantes y corto con tundentes.

Bien claro es que aquí se está protegiendo el interés general, y que los particulares que utilicen algún elemento de este tipo tendrán que demostrar que es una herramienta para actividad deportiva, oficio, profesión o estudio.

 

Los infractores incurrirán en una multa tipo 2 del Código de Policía, es decir, a costos de hoy 196.000 pesos.

 

También es fundamental señalar que esta decisión no es improvisada. Se ha analizado en varios consejos de seguridad de la Alcaldía y fue allí donde se decidió, ante el aumento de su uso en el delito, que es hora de reglamentar el tema.

 

 

Lucía Bastidas

Concejal de Bogotá

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