El Secretario Distrital de Educación, Oscar Sánchez, al prorrogar 17 de las 25 concesiones de los colegios públicos que son administrados por empresas privadas, contradice la ejecución del tercer eje del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, que tiene por objeto defender y fortalecer lo público con criterios de calidad y eficiencia en la ejecución de políticas públicas educativas por parte de la Administración Distrital.
Para el Concejal Borys Montesdeoca Anaya la decisión del Secretario de Educación pone en duda y crea desconfianza en los ciudadanos sobre los avances en la calidad y pertinencia del modelo educativo público que se desarrolla en más de 700 colegios distritales de la Ciudad; además, anunciar su prórroga respalda los criterios de selección utilizados por los operadores privados de éstos colegios públicos en concesión por cuanto valida éste criterio de sólo admitir estudiantes que no tengan insuficiencias académicas, disciplinarias y sociales, práctica que contradice el carácter incluyente de la educación pública.
El Concejal llama la atención del porqué el Secretario Sánchez como cabeza del sector educativo de la ciudad no logró aclarar ni expresar con convicción frente a los padres de familia, que la educación pública es un derecho ciudadano y que los colegios públicos concesionados, los cuales funcionan en su totalidad con recursos del Distrito, no tienen ni la más mínima posibilidad de ser cerrados; al contrario, la medida anunciada por el Secretario de Educación debilita la visión de la educación pública como derecho y fortalece la posición política que concibe a la educación como un negocio.
Ejecutar el fortalecimiento de lo público en el sector educativo tal como lo establece el Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, implica que la Secretaría de Educación continúe la ejecución de políticas públicas distritales que prioricen: la inclusión en el reconocimiento de las diversidades sociales, culturales y económicas de las poblaciones de Bogotá, el mejoramiento sustancial del diseño curricular, la dotación e infraestructura física escolar, los bilingüismos, y las garantías de los derechos laborales y prestacionales de los docentes, características que fundamentan la construcción de un proyecto público de calidad y excelencia educativa que asume los retos de una sociedad democrática del siglo XXI.
De otra parte, adolece de claridad la competencia jurídica a la cual apela el Secretario de Educación para sustentar su respaldo a la continuidad de la concesión de los colegios públicos distritales; la Ley General de Educación – Ley 115/94 –, la Ley del Sistema General de Participaciones – Ley 715 de 2001, y el Acuerdo Distrital 19 de 1998, “sólo establecen la opción de la concesión de colegios públicos en situaciones excepcionales de carencia de oferta pública y por consiguiente NO de manera abierta y continuada para garantizar el derecho y el servicio educativo en los entes territoriales”; por lo anterior el Secretario podría estar incurriendo en una determinación que presuntamente adolece del adecuado sustento legal.
La Administración Distrital ante la evidente contradicción que representa la prórroga de los 17 colegios en concesión, deberá reversar ésta decisión que a todas luces es incoherente con el actual Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, el cual plantea garantizar plenamente los derechos a todas y todos sus ciudadanos y de manera prevalente el derecho universal a la educación.
Por tales razones el proyecto educativo de ciudad debe ser ejecutado en su integralidad por la Administración Distrital en cabeza de la Secretaría de Educación, por lo cual instamos al Secretario Distrital de Educación a replantear su decisión frente a los 25 colegios distritales concesionados y asumirlos con el compromiso de seguir mejorando sus niveles de calidad y excelencia académica, atención alimenticia, dotación física y didáctica, y las condiciones laborales dignas que requieren los docentes.
Borys Montesdeoca Anaya - Concejal de Bogotá
Partido Alianza Verde
