El Juzgado 68 Administrativo de Bogotá, ha admitido la demanda presentada por los concejales de Bogotá, José Cuesta y Ana Teresa Bernal, junto con el diputado de la Asamblea de Cundinamarca, Wilson Flórez, en contra del Acuerdo Distrital 858 de 2022, que aprobó el ingreso de Bogotá a la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca.
Los demandantes sostienen que el procedimiento de aprobación del Acuerdo Distrital pudo haber infringido la Ley de Participación Ciudadana, ya que la Audiencia Pública asociada con este proceso violó los principios democráticos y de participación exigidos por la normativa. Además, se alega la existencia de vicios de trámite, como la falta de aprobación en la Comisión Permanente correspondiente; la expedición irregular del acto sin estudio de impacto fiscal y; presuntamente no cumplir con los tiempos reglamentarios entre debates.
La comunidad está atenta a la decisión del Juzgado sobre esta demanda, consciente que el ingreso a la Región Metropolitana podría implicar un aumento significativo en los impuestos, con sobretasas de hasta el 5% en todos los impuestos. Esto podría resultar en una Tasa Efectiva de Tributación del 71% para las industrias ubicadas en Bogotá, afectando a cundinamarqueses y bogotanos por igual.
Es importante destacar que los ciudadanos ya están experimentando las consecuencias financieras de esta decisión, con un incremento adicional del 0.2% en el impuesto de vehículos automotores, que ha generado más de 100.000 millones de pesos en aportes adicionales para el año 2023. Este aumento, que se considera ilegal ya que carece de fundamento jurídico, llevó a la presentación de denuncias penales contra el gobernador y la alcaldesa en octubre de 2023.
La creación de la Región Metropolitana, es resultado de un acuerdo político plasmado en la Ley Orgánica 2199 de 2022, que ha suscitado preocupaciones sobre sus posibles implicaciones, que incluye un aumento en los impuestos, la pérdida de autonomía territorial, mayores peajes y concesiones viales, así como la eliminación de la consulta popular. Además, de centralizar, le otorgar poder de veto en todas las decisiones a la alcaldesa de Bogotá y al gobernador de Cundinamarca, representando un atentado a la democracia participativa.
La resolución de este caso tendrá repercusiones significativas para el futuro de Bogotá y Cundinamarca, las comunidades seguirán a la espera de que se haga justicia y se salvaguarden los principios democráticos y de participación ciudadana.
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