Tarde o temprano las improvisaciones de los jueces se caen y es lo que acaba de pasar con la revisión que hizo el Consejo de Estado de auto que decretó la medida cautelar de suspender la licitación de TransMilenio por la carrera 7ª en el tramo del Parque Nacional.
La suspensión fue decretada en mayo del 2019 cuando un magistrado, en sala única, decidió aceptar la petición de los demandantes de suspender la licitación dentro del estudio de una acción popular.
Resulta que ahora el Consejo de Estado encontró que el magistrado que tomó la decisión unilateral de suspender la licitación se extralimitó en sus funciones, porque la competencia de tomar esa medida era de la sala, y el ponente la tomó por su cuenta.
“Las medidas cautelares en el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos, en el caso de jueces colegiados, deben ser decretadas por la Sala”, dice textualmente la providencia del Consejo de Estado que acaba de corregir la falla del Tribunal.
Lo grave de este asunto es que aunque se corrijan, estas decisiones judiciales, en las que los jueces pretenden gobernar, afectan el desarrollo de la ciudad, como ocurre en el caso de la troncal de la carrera 7ª.
Ese magistrado paralizó una licitación, sin tener competencia para ello, con efectos negativos para la ciudad por las demoras para la ejecución de las obras.
Que nos sirva de ejemplo esta corrección que acaba de hacer el Consejo de Estado, máximo tribunal de la justicia administrativa.
Es fundamental que haya soportes técnicos en las decisiones judiciales que involucren obras para que las medidas se correspondan con la realidad y no con los intereses políticos como ha ocurrido con las demandas que se han entablado contra TransMilenio por la carrera 7ª.
CONCEJAL DE BOGOTÁ
