Muy pobres resultados frente a ilegalidad de plataformas tecnológicas

A DEBATE DE CONTROL POLÍTICO SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y POLICÍA DE TRÁNSITO

Un fuerte llamado de atención a los gobiernos nacional y distrital hizo hoy desde el cabildo, el concejal conservador Roger Carrillo Campo, quien se ha destacado por abanderar la defensa del gremio de taxistas frente a los temas que vulneran el desempeño de su oficio.

El cabildante considera que no ha habido contundencia en las estrategias y  operativos contra el transporte ilegal y por tanto no hay resultados importantes que desestimulen la creciente ola de aplicaciones que ofrecen transporte público “Citaré a debate de control político al señor Secretario de Movilidad, al comandante de la Policía de Tránsito e invitaré a la Superintendente de Puertos y Transporte y las señoras Ministras de las carteras de Transporte y de Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, porque lo que oímos son muchos discursos que suenan bonito y calman los ánimos, pero no vemos el avance en normatividad, regulación o declaratoria definitiva de ilegalidad; los representantes de dichas plataformas se escudan en que como no existe un fallo de legalidad o ilegalidad, su servicio está legitimado por cuenta de un posible pago de IVA, mientras tanto, el gremio de taxistas, que paga un cupo, paga impuestos, se ciñe a las normas, afronta un grave problema económico y esto no se puede permitir” agregó.

Carrillo Campo recordó que desde el año pasado ha dado una batalla desde el Concejo de Bogotá, denunciando, haciendo debates de control político y acompañando al sector del taxismo, en la instauración de diversos mecanismos jurídicos, que pongan fin a todas las pretensiones de vulnerar este importante sector dinamizador de la economía y buscando soluciones para el fortalecimiento del gremio; el cual ha sido abandonado a su suerte por parte del gobierno distrital y nacional “Debemos recordar que El Ministerio de Transporte expidió una circular en la que reitera a las autoridades de tránsito del país que los conductores que violen el artículo 26 de la Ley 769 de 2002 y reincidan en la prestación del servicio público de transporte con vehículos particulares sin justa causa podrán suspender y cancelar la licencia de conducción, hay que tomar ejemplo de países como España que ha mostrado verdadera determinación política para acabar con la ilegalidad en el uso de plataformas de movilidad

Gracias por la divulgación de esta información.

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VIVIAN ROCÍO DÍAZ RIOS

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