Las Estaciones de Policía y las Unidades de Reacción Inmediata de Bogotá, que fungen como Centros Transitorios de Detención (CTD), se encuentran al borde del colapso y de una crisis humanitaria por cuenta del hacinamiento en que se encuentran las celdas destinadas para la reclusión de las Personas Privadas de la Libertad (PPL), las cuales, según la Defensoría del Pueblo están en peores condiciones que los mismos centros carcelarios.

Desde el año inmediatamente anterior, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, venía advirtiendo la dramática situación que se presentaba en estos Centros en el Distrito Capital y en el resto del país, en donde en algunos casos se presenta un hacinamiento superior al 1.000%.

En tal sentido, Camargo señaló que en estos Centros se presenta una alta vulneración de derechos, pues no se dan las condiciones mínimas en las que pueda habitar una persona y se evidencian fallas en la prestación de los servicios de salud y de alimentación, principalmente.

Es importante aclarar que en estos lugares los detenidos deberían estar máximo 36 horas, aunque en ocasiones permanecen hasta dos años, como pudimos evidenciar en nuestra visita a la Estación de Kennedy, en donde encontramos el caso de una persona que lleva recluida 24 meses en una carpa improvisada a la espera del traslado a un centro penitenciario.

El hacinamiento implica que las Personas Privadas de la Libertad (PPL) no cuenten con espacios adecuados para dormir, ni para consumir sus alimentos, asimismo las condiciones de salubridad son críticas, facilitando la propagación de enfermedades debido a la falta de ventilación. Por otro lado, se presentan altos índices de estrés tanto en las PPL, así como de sus custodios, viéndose afectando la salud mental de esta población.

En este escenario, la Sala Plena de la Corte Constitucional extendió el Estado de Cosas Inconstitucional que se declaró sobre en las cárceles del país a los centros de detención transitoria como las estaciones de policía y las URI, al encontrar allí una violación masiva y generalizada de derechos de las PPL, frente a la problemática del hacinamiento, las fallas de infraestructura, escasez de servicios sanitarios e imposibilidad de entrevistarse con los familiares.

Según un reporte de la Defensoría del Pueblo del mes de noviembre de 2021, en Colombia más de 17.500 personas que ya habían sido imputadas por algún delito y se les había impuesto una medida de aseguramiento, están en las URI y Estaciones de Policía, de las cuales 1.800 están imputados hace más de un año y siguen allí, y 1.743 están en esos lugares aun teniendo una condena.

Según la información reportada por la Policía Metropolitana de Bogotá, el Distrito capital actualmente cuenta con 23 CTD, dispuestos en 22 Estaciones de Policía y en la Unidad de Reacción Inmediata de Puente Aranda. La capacidad real de los CTD es de 1.094 Personas Privadas de la Libertad. Para el 14 de julio del año en curso, la cantidad de PPL era de 3.176, representando un hacinamiento del 290,31%.

La información evidencia que la estación de Bosa es la que cuenta con mayor índice de hacinamiento, con un 700%, seguida de Mártires con 665%, Usaquén con un 660%, Teusaquillo con un 630%, Chapinero con un 626%, Candelaria con un 620%, entre las Estaciones con mayor hacinamiento.

El problema del hacinamiento tanto en los centros carcelarios, así como en los centros transitorios de detención es un problema estructural del sistema penitenciario que obedece a diversos factores, tales como la reducida capacidad para albergar a PPL en las cárceles del país y a la ineficiencia del sistema judicial, pero también al abuso de la figura de la detención privativa, y al endurecimiento y creación de nuevas conductas punibles y carcelables.

Es necesario trabajar fuertemente en una Política Pública de Prevención del Delito, cuya piedra angular debe ser la generación de oportunidades socioeconómicas para la gente más joven, acompañado de acceso a la educación y ofertas culturales.

Concejal Armando Gutiérrez González
Partido Liberal