En el Distrito Capital, entre 2016 y 2017, solo para mencionar el hurto a personas, tuvo un incremento del 87%; para el caso de Cartagena fue del 49%. Los hurtos a vehículos en la capital en ese periodo de tiempo, crecieron en un 220%, mientras que entre los años 2015 y 2016 habían caído en un 25%. Un comportamiento igual se encuentra en los hurtos a residencias, que entre 2016 y 2017 se muestran con un incremento del 112%, mientras que en Medellín fue del 72% y en Cali del 89%. ¿Se ha deteriorado de tal manera la seguridad urbana?
A qué se debe el cambio en estas tendencias en los diferentes delitos? La razón, argumentada por la Policía y la Fiscalía, es la introducción de cambios metodológicos e incorporación de nuevas fuentes de información para estos reportes oficiales.
Tradicionalmente desde 1958 la Policía Nacional, a través del Sistema de Información Estadístico y Delincuencial (SIEDCO), ha sido la fuente principal de información criminalística del país. Sin embargo, desde marzo de 2017 se homologaron con el sistema penal oral acusatorio (SPOA) de la Fiscalía. Y en agosto de 2017 se comenzaron a incluir en los reportes la nueva información generada por el aplicativo de uso digital y público “A denunciar.” El desarrollo de estos dos cambios mejoró la cantidad y calidad de información, mostrando de una mejor manera la realidad de lo que está pasando en la calle.
Se puede decir que ahora sí sabemos las magnitudes del delito, porque hay más información y los ciudadanos., con este nuevo canal virtual, están denunciando más. Lo complicado es que las cifras ya no son comparables y eso está distorsionando las tendencias que se muestran públicamente de estos delitos, por supuesto, con las consecuentes críticas a la gestión y resultados de la Policía y entidades encargadas de la seguridad.
Estas nuevas cifras deben tener implicaciones en la política pública y en las prioridades y énfasis del accionar de la Secretaria de Seguridad y de la Policía Metropolitana. Los resultados muestran unas nuevas realidades que obligan a revisar qué ciudadanos, qué sectores y poblaciones están siendo afectadas por la criminalidad y sobre las que se debe actuar contundentemente.
Al mismo tiempo y teniendo en cuenta que no hay comparabilidad con los años anteriores y que aparentemente el cambio metodológico no tuvo la suficiente discusión y ambientación pública; se requiere actuar para unificar criterios y manejo del todo el proceso de transición de estas cifras.
Hay fuertes críticas por la disparada en los indicadores del crimen en el último año, como salen reportados en diferentes medios de comunicación. Eso erosiona la legitimidad de las instituciones y sus diferentes programas.
Se requiere urgente un Acuerdo Público para el reporte de las cifras en los próximos años de transición. Inclusive si es del caso, revisar ciertos aspectos como la incorporación progresiva de los datos de las denuncias virtuales.
Dicho Acuerdo Público sobre reporte debe tener tres propósitos: 1. Informar claramente a la ciudadanía sobre los nuevos cambios en las metodologías y su importancia. 2. Definir una ruta para el reporte y comparabilidad de las cifras con el pasado. 3. Discutir con expertos y la academia mejoras a la nueva metodología propuesta. Lo vital para una sociedad y un gobierno es que sus cifras y métodos no solo sean robustos, sino que generen credibilidad y legitimidad.
Más allá de los métodos, lo de fondo es que esta nueva información y denuncia refleja que la inseguridad urbana tiene hoy, unas dimensiones que no estaban siendo reportadas. El hecho de que los ciudadanos denuncien más los delitos de los que son víctimas, obliga a una respuesta contundente e inmediata por parte del gobierno. Los ciudadanos denuncian de forma valiente, el Estado debe responder con audacia y eficacia.
Sincerarse con estas cifras y conocer la realidad a través es estos nuevos mecanismos, permitirá reaccionar con acciones más efectivas.
*Diego Molano
Concejal de Bogotá
