La concejal Clara Lucía Sandoval encendió las alarmas en el Concejo de Bogotá al revelar el impacto real de la evasión en el sistema TransMilenio: más de 262 mil personas se cuelan a diario, generando pérdidas superiores a los 113 mil millones de pesos al año, una cifra equivalente a la construcción de dos colegios públicos o un hospital de primer nivel.
“La evasión no es solo una falta cívica, es un hueco financiero y una amenaza a la seguridad de los ciudadanos. No podemos seguir tolerando un sistema que pierde dinero, autoridad y confianza”, aseguró Sandoval.
Según datos del mismo sistema, en 2024 se impusieron 174 mil comparendos a colados, equivalentes a casi 34 mil millones de pesos, pero menos del 6% fueron pagados. “Esto demuestra que las sanciones existen en el papel, pero no se aplican en la realidad. Y cuando no hay consecuencias, se pierde el respeto por la norma”, afirmó.
La concejal desmintió la idea de que los colados lo hacen por pobreza: “Tanto la Secretaría de Cultura como la Universidad Nacional coinciden en que solo una de cada cinco u ocho razones para colarse tiene que ver con el dinero. La mayoría lo hace por oportunismo, descontento con el servicio o simplemente porque no sienten respeto por lo público”.
Sandoval advirtió que este fenómeno también es un problema de seguridad: los ciudadanos asocian al colado con riesgos de agresión, hurto o violencia verbal. “El 73% de los usuarios creen que no hay justificación para colarse y piden más controles. Pero muchas estaciones están abandonadas, sin Policía, sin gestores y sin puertas. Así no se puede garantizar seguridad”.
Aunque reconoció avances del actual gobierno —como la reducción del índice de evasión del 15% al 13.1%— criticó la baja ambición de las metas fijadas en el Plan de Desarrollo: “Desde el Concejo propusimos metas más altas, pero la administración se negó diciendo que era imposible. Hoy queda claro que sí se podía hacer más”.
Finalmente, la concejal propuso reforzar el convenio interinstitucional actual entre TransMilenio, Cultura e IDIPRON, ampliando su alcance a entidades como Seguridad, Gobierno, Policía y Hacienda. Además, hizo un llamado a incluir al sector académico y privado en las soluciones.
“Vamos a insistir en soluciones integrales, sostenibles y con dientes legales. Por eso pedimos el desarchivo de nuestro proyecto de acuerdo para enfrentar esta problemática de raíz”.
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