- • Hoy Bogotá tiene un total de 3.075 maestras vinculadas por Prestación de Servicios que deberían estar vinculadas como personal de planta, según las funciones de Atención a la Primera Infancia que cumplen.
- • La falta de continuidad contractual por parte de las maestras afecta la educación de 42 mil niños y niñas de 0 a 5 años, lo que tiene un efecto en el futuro de la niñez.
Hay denuncias de cerca de 3.000 maestras de primera infancia que están vinculadas a los Jardines Infantiles Distritales a través de contratos de prestación de servicios, hecho ilegal si se tiene en cuenta que el Artículo 105 de la Ley General de la Educación establece que “la vinculación de personal docente, directivo y administrativo al servicio público educativo sólo podrá efectuarse mediante la planta de personal aprobada por la respectiva entidad territorial”.
“Esta administración tiene una deuda gigante con la educación de Bogotá, mientras la Alcaldesa presume ser la hija de una maestra, en la ciudad hay 3.000 maestras que están contratadas de manera ilegal, mujeres, en su mayoría, que dejan a sus hijos en casa para ir a cumplir largas jornadas con sobrecarga de niños y hasta 12 horas de trabajo con un contrato por prestación de servicios”, mencionó Juan Baena, Concejal del Nuevo Liberalismo.
Con base en la respuesta de la Secretaría de Integración Social, entidad con la que la Secretaría de Educación terceriza la operación de los Jardines Infantiles del Distrito, es evidente que desde la Administración hay una clara estrategia jurídica para dificultar y dilatar probatoriamente el reconocimiento de los derechos laborales de las maestras y maestros.
Además, dentro de las medidas tomadas por Integración Social, hay un cambio en el objeto contractual. Mientras en 2018 se vinculaban a los profesionales por el concepto de “servicios de maestra profesional para la educación inicial”, desde 2020 los contratos hacen referencia a “servicios para la atención integral de la primera infancia”.
“Observamos que no solo se modificaron los objetos de los contratos, sino también la duración, donde se usan diferentes temporalidades y se suspenden en épocas vacacionales, con el fin de interrumpir la continuidad de labores, y dar la apariencia de contrato de prestación de servicios”, aseguró Baena.
Adicionalmente, según respuesta de la Secretaría de Integración, hoy se encuentran en curso 167 procesos judiciales y 9 condenas en las que se pretende la declaratoria del contrato realidad. Las pretensiones de las demandas se aproximan en promedio a 50 millones de pesos, lo que equivaldría en un detrimento patrimonial de cerca de 250 mil millones de pesos, sin contar con los honorarios y los intereses que se van a causar.
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