El anuncio se realizó el pasado 19 de diciembre de 2025, cuando el ministro de Hacienda y Crédito Público dió a conocer la decisión durante la rueda de prensa del Banco de la República sobre la tasa de interés de referencia, en momentos en que la Rama Judicial inicia su periodo de vacancia. Según el Gobierno, la medida se sustenta en un hecho excepcional: la aprobación del Presupuesto General de la Nación sin contar con la ley de financiamiento necesaria para su ejecución.
Desde el Concejo de Bogotá, Huertas prende las alarmas. Para el cabildante, la decisión de acudir a un decreto para crear o mantener cargas tributarias debilita el principio de legalidad y reduce el papel del Congreso en la definición de la política fiscal del país.
“Que el Congreso niegue la ley de financiamiento no puede convertirse en una excusa para imponer, por decreto, una reforma tributaria. Esa negativa debería llevar al Gobierno a corregir las causas de fondo, no a reemplazar el debate democrático”, afirma Huertas.
El decreto mantiene el IVA del 19 % a los juegos de suerte y azar por internet, cuya vigencia termina el 31 de diciembre de 2025, y fija para 2026 la tarifa del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) en cinco por mil (5 x 1.000), medidas que, según el concejal, impactan de manera directa el bolsillo de los ciudadanos y de los pequeños comercios.
De acuerdo con cifras de Coljuegos, a julio de 2025 el recaudo por derechos de explotación de los juegos de suerte y azar alcanza $582.046 millones, de los cuales $232.200 millones, equivalentes al 39,9 %, provienen de plataformas digitales. Huertas advierte que mantener el IVA sobre el canal más dinámico del mercado puede generar efectos contraproducentes.
“Estamos agravando precisamente el segmento que hoy sostiene buena parte del recaudo y del financiamiento del sistema de salud. Esta medida corre el riesgo de empujar a los usuarios hacia plataformas ilegales, donde el Estado no recauda y el ciudadano queda desprotegido”, sostiene el concejal.
El impacto también se concentra en Bogotá, donde se domicilian 10 de los 15 operadores autorizados, lo que representa empleo formal e ingresos para la ciudad. En este contexto, Huertas alerta que el encarecimiento del acceso al juego legal debilita el ecosistema regulado y favorece la informalidad.
Según datos del Banco de la República, en 2024 el efectivo representó el 77,8 % de los pagos cotidianos, una tendencia que, de acuerdo con Huertas, puede profundizarse con este tipo de medidas. “Estas decisiones empujan a la informalidad, contradicen el discurso de inclusión financiera y terminan castigando a quienes cumplen las reglas”, agrega.
Finalmente, Huertas advierte sobre el uso reiterado de decretos de emergencia para enfrentar problemas estructurales y anuncia que se evalúan acciones jurídicas frente al decreto. En este contexto, recuerda que ya existe un antecedente judicial directo, pues en 2023, el Consejo de Estado suspendió una directiva presidencial que ordenaba a los ministerios y entidades del Gobierno Nacional ejecutar directamente los recursos del Presupuesto General de la Nación, restringiendo la celebración de convenios interadministrativos con entidades territoriales, al considerar que el Ejecutivo habría excedido sus competencias. La suspensión se produjo tras una demanda presentada por el propio concejal, quien argumentó que la directiva vulneraba el principio de legalidad y desconocía el rol del Congreso.
“Esa decisión judicial demostró que el Ejecutivo no puede exceder sus competencias ni reemplazar al Congreso mediante actos administrativos. Hoy estamos ante una discusión similar y vamos a defender nuevamente el Estado de derecho”, concluye Huertas.
