El concejal informó que siete firmas concentran el 66 % de los contratos de la malla vial local en Bogotá, y que una de ellas ha sido vinculada con Odebrecht, recordando que en el 2016 el 63 % de los contratos de las 20 localidades estaba en manos de solo 14 empresas, cifra que ha empeorado en los últimos años porque los mismos están ahora en manos de la mitad.
“Los resultados de los procesos de contratación no demuestran que se haya diversificado el mercado y que ya no sean los mismos de siempre los que se siguen quedando con las licitaciones más importantes de las localidades”, dijo, al confirmar que después de que la actual administración fuera precursora de la aplicación de los pliegos tipo, la situación es peor: “tan solo siete contratistas, la mitad de los identificados en 2016, concentran el 66 % de los recursos totales gastados en malla vial por las localidades”, añadió.
Asimismo, recordó que Luis Gabriel Nieto García, contratista conocido en la ciudad por sus vínculos con Odebrecht y por la polémica obra de la plazoleta del Concejo de Bogotá, que tuvo retrasos y sobrecostos, se quedó con las licitaciones de malla vial de Kennedy y Puente Aranda.
Por otra parte, aseguró que las alcaldías locales durante la actual administración de Enrique Peñalosa han ejecutado menos presupuesto que durante la administración pasada.
“El promedio de ejecución presupuestal de los Fondos de Desarrollo Local durante el periodo 2012-2015, fue de 95,4 % en compromisos, y 34,5 % en giros, […], mientras en los tres años que llevan de gobierno los alcaldes locales, indican que el porcentaje de compromisos ha sido en promedio de 93 %, y el porcentaje de giros ha sido únicamente 21 %”, explicó.
En cuanto a la malla vial, presentó un ranking de las localidades que menos han avanzado en su mejoramiento, siendo Usme la que peor estado tiene y la que menos ha logrado cumplir su meta proyectada.
“Estamos hablando de un sobrecosto de 103 % por cada esterilización. En Antonio Nariño se cobra el doble por cada esterilización y el contratista ni siquiera es una clínica veterinaria”, destacó.
Referente a las prácticas no austeras en el gasto público en contratos para la adquisición de mobiliario, dijo que en Usme el alcalde local se ha tomado prácticamente un periodo constitucional completo para lograr sacar adelante la construcción de la nueva sede que se suponía duraba un año.
“La Alcaldía de Usme suscribió un contrato de consultoría para estudios y diseños de los muebles que dotarían la nueva sede por $ 143 millones, con base en esa consultoría suscribió en diciembre de 2018 el contrato de fabricación, suministro e instalación de los muebles que van a necesitar, ese contrato se hizo por un valor de 989 millones de pesos donde más de 27 millones son destinados exclusivamente a amoblar el despacho del mandatario local [escritorio, sala de juntas, biblioteca, sala ejecutiva y mueble para el baño]”, subrayó.
Finalmente, cuestionó que la empresa Frupys LTDA se quedara con la contratación derefrigerios en cinco localidades al presentar precios bajos que desestabilizan el mercado y restringen la selección objetiva.
“Yo le quiero recordar a los alcaldes Locales que suscribieron contratos de suministros con esta empresa, que era un deber de ustedes haber requerido a la empresa para que explicara por qué el precio era tan bajo, pues ese tipo de prácticas pueden poner en riesgo la ejecución del contrato”, indicó.
El concejal Rubén Torrado solicitó a los órganos de control, Personería y Contraloría, investigar las diferentes denuncias hechas.
