El pasado 19 de junio de 2025 fue publicado en la Gaceta del Congreso el Informe de Conciliación del Proyecto de Ley 111 de 2023 Senado y 219 de 2024 Cámara, “Por medio del cual se regula la circulación y se promueve el uso de vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana, como alternativas de movilidad sostenible”.
Este proyecto, aprobado en Plenaria del Senado el 30 de julio de 2024 y en la Plenaria de la Cámara el 18 de junio de 2025, avanza ahora a sanción presidencial, es decir, solo falta la firma del Presidente de la República para convertirse oficialmente en Ley.
Resulta preocupante que, solo hasta ahora, la secretaria de Movilidad de Bogotá, Claudia Díaz, haya salido públicamente a expresar su oposición al proyecto. Cuando ya no hay marcha atrás, la administración distrital pretende intervenir en un proceso legislativo que lleva más de dos años de discusión en el Congreso y que contó con múltiples espacios para deliberar y participar.
Durante ese tiempo, la Secretaría de Movilidad no adelantó mesas de trabajo, no convocó al gremio de movilidad eléctrica, no recogió las necesidades de los usuarios ni aportó propuestas técnicas frente a una realidad creciente en nuestras ciudades. Hoy, su postura llega tarde y sin fundamentos construidos colectivamente. Como dice el refrán popular: "ya no se puede llorar sobre la leche derramada".
Ahora, el argumento de la Secretaría es la seguridad vial. Pero, ¿se ha preguntado cuántos ciudadanos prefieren movilizarse en vehículos eléctricos personales por considerar que son una alternativa más segura, eficiente y digna frente al colapsado sistema de transporte público? ¿Cuántas familias optan por bicicletas eléctricas para evitar los interminables trancones de la ciudad?
¿Cuál es el verdadero problema?
La Secretaría de Movilidad está afanada porque, ante el deterioro del SITP, cada vez más ciudadanos están optando por alternativas eléctricas. Un sistema de transporte público que hoy genera desconfianza, inseguridad, múltiples rutas cerradas, altos costos y que no llega a los sectores más vulnerables, ha sido reemplazado de facto por soluciones prácticas que sí responden a las necesidades reales de los bogotanos.
No es justo que ahora los consideren potencialmente peligrosos por algunos medios de comunicación, se criminalice o estigmatice un sector que ha crecido en medio del abandono estatal, y que ha dado respuesta a la congestión vial, los largos tiempos de desplazamiento y el pésimo estado de la malla vial. Madres cabeza de hogar, padres de familia, personas mayores, jóvenes estudiantes... miles han encontrado en estos vehículos eléctricos una solución que la ciudad no les dio.
Más aún, la propia Secretaría reconoce en su comunicado del 24 de junio que “la no exigencia de placas de identificación para estos vehículos plantea dificultades operativas para el control e inmovilización”. Preocupa que la prioridad del Distrito no sea garantizar derechos ni mejorar el servicio, sino que estos vehículos no puedan ser objeto de inmovilización ni generen ingresos por concepto de grúas y patios.
Claudia Díaz, que antes hablaba de movilidad sostenible, ahora cambia su discurso solo porque este sector creció sin su control. ¿Dónde quedó el compromiso con la transición energética de Bogotá? ¿Dónde quedó la intención de acercar la tecnología a los ciudadanos, especialmente a quienes viven en zonas donde el Distrito no llega?
La verdad es que a la Secretaría de Movilidad le quedó grande enfrentar la transformación de la movilidad en Bogotá. Su falta de acción, planeación y control obligó al Congreso de la República a intervenir. Si las autoridades locales no ejercen su deber, corresponde al legislativo actuar en defensa del interés general.
Nuestro compromiso
Desde el Concejo de Bogotá, seguiré de cerca la implementación de esta nueva Ley, exigiendo que se involucren todos los actores del gremio: usuarios, industria, técnicos y expertos. Impulsaremos la realización de mesas de trabajo amplias y participativas, para que la regulación que viene sea coherente, técnica y equitativa.
Además, exigiremos que el organismo de tránsito asuma con responsabilidad su tarea de pedagogía en seguridad vial, con campañas efectivas y no simplemente sancionatorias, reconociendo que este nuevo modelo de movilidad llegó para quedarse.
Concejal de Bogotá
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